Ayer al Partido Popular le llegó la hora de la venganza. Después de años escuchando las críticas de los socialistas a cuenta del caso Gürtel, los dirigentes conservadores se levantaron con una clara instrucción del partido: pedir todos a una la dimisión del portavoz de Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco.

Fue su reacción ante la noticia publicada ayer en El Mundo que sugiere, a partir de una serie de mensajes sms intervenidos judicialmente en el marco del caso Campeón (que investiga la concesión irregular de subvenciones a empresarios por parte de la Xunta de Galicia), que el ministro de Fomento dio trato de favor al vicepresidente de Azkar, su amigo José Antonio Orozco. Según este diario, el portavoz del Gobierno llevó a cabo gestiones para que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat agilizase la concesión de una licencia para instalar una nave cerca del aeropuerto de El Prat (Barcelona).

Cospedal: 'Quien iba dando lecciones de ética que se aplique ahora la misma vara'

La ofensiva de la derecha fue organizada. Varios miembros del PP, desde diferentes puntos de España, se encargaron de elevar la voz para exigir responsabilidades al dirigente socialista. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo hizo desde Albacete, a donde se había trasladado para el mitin principal de la jornada electoral mientras Mariano Rajoy se quedaba en casa preparando el debate.

Cospedal, en un acto con jóvenes, reclamó explicaciones e indicó que, a tenor de las últimas informaciones, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, debería exigirle a su compañero de partido que deje sus cargos. 'Quien iba de inquisidor y dando lecciones de ética que se aplique ahora la misma vara de medir', sentenció.

Valenciano defiende la reacción que ha tenido el ministro de Fomento

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, fue en la misma línea y dijo que 'la única salida' que le queda a Blanco es abandonar el Gobierno. Después de que el ministro anulara ayer todos sus actos, Santamaría le pidió que no 'se esconda' y que, 'puestos a anular su agenda', que lo haga 'definitivamente'.

También movió ficha la sede nacional del PP. Su secretario de Comunicación, Carlos Floriano, indicó en un comunicado que 'el fiscal y la jueza ya ven indicios de cohecho y tráfico de influencias, ambos delitos penados con cárcel e inhabilitación de cargo público'. Y por eso tensó un poco más la cuerda pidiendo a Rubalcaba que, durante el debate, anuncie su cese si el propio Blanco no había renunciado ya antes. 'Si Rubalcaba no impide que Blanco vaya en las listas, se estará convirtiendo en cómplice de estas sospechas', denunció.

La faena la remató, desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El titular de la Xunta recomendó a Blanco que 'dé una paso más, dimita y no se presente a las próximas elecciones' como cabeza de lista por Lugo.

Zaragoza (PSC) anima a Blanco a mantener una 'transparencia total'

La estrategia recordó a la que puso en marcha la derecha durante la campaña de las elecciones gallegas en 2009, cuando pedían la cabeza del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por haber compartido una cacería con el juez Baltasar Garzón. Entonces, Rajoy insistió en que dejara su puesto a cada hora y minuto, intensificando la presión hasta lograrlo. El líder del PP ya aprovechó el otro día una entrevista para mandarle a Blanco un mensaje similar al que ayer, coincidiendo con la jornada del cara a cara, explotaron sus lugartenientes.

Desde la dirección socialista no creen, en cambio, que haya justificación alguna para que Blanco dimita. El PSOE considera que todas las acusaciones que pesan sobre Blanco se deben a una 'campaña' de acoso y derribo contra el ministro con claros intereses electoralistas. Así lo expresó a través de Twitter el equipo electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Elena Valenciano, directora de campaña del candidato, defendió en esta línea que las informaciones responden a 'una campaña contra Pepe Blanco organizada en el entorno de una campaña electoral, y no cabe de ninguna manera pensar en otra reacción más que la que Pepe está teniendo'.

Algo distinta fue la reacción de los socialistas catalanes. El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, instó a Blanco a dar explicaciones. En su opinión, ante las acusaciones que pesan sobre él, el ministro debería apostar por una 'transparencia total'. No obstante, Zaragoza consideró que la publicación de nuevos datos se debía a la celebración del debate entre Rubalcaba y Rajoy.

El alcalde de Sant Boi, el socialista Jaume Bosch, defendió por su parte que la construcción de la nave en su municipio se ajustó a la legalidad. Bosch aseguró estar 'muy tranquilo' después de revisar la tramitación del expediente urbanístico, ya que, según recalcó, todo se hizo reglamentariamente.

La nave está en terrenos repartidos entre Sant Boi y El Prat, gobernado por ICV. Tanto Aena como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea señalaron que su construcción se hizo 'conforme al procedimiento legalmente establecido y previos los informes correspondientes'.