El PP valenciano cuestiona también al Consejo de Estado

El PP valenciano rechazó ayer con acritud la resolución del Consejo de Estado, adelantada por Público, que reconoce al Ministerio de Cultura la potestad de declarar "expolio" el derribo de 450 edificios de alto valor histórico del barrio valenciano de El Cabanyal, así como de paralizar el plan que aprobó el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no quiso opinar directamente sobre los argumentos del Consejo de Estado, órgano independiente configurado por juristas de prestigio, y prefirió atizar al Gobierno, acusándolo de "injerencia, desviación y abuso de poder".

La plataforma Salvem el Cabanyal exije al Consell que frene ya los derribos

El Gobierno ordenó paralizar los derribos en diciembre, lo que generó la rápida respuesta del Consell, que legitimó las demoliciones con un decreto ley. El Consejo de Estado asegura que no existe choque de competencias, que el decreto ley es ilegal y, por tanto, fundamenta el recurso de inconstitucionalidad que ayer acordó presentar en su contra el Consejo de Ministros.

Barberá prosiguió con el recital de agravios al asegurar que el recurso "es una discriminación, una falta de respeto, de consideración y de cumplimiento de competencias". En esa línea, catalogó a Zapatero como el líder de "un Gobierno sectario que utiliza todos los instrumentos de la administración del Estado al servicio de su conveniencia sin el más mínimo rubor".

Los socialistas celebran el "rigor" del informe que avala al Ejecutivo

El portavoz del grupo popular en Les Corts, Rafael Blasco, también salió en tromba contra un recurso que calificó como "el mayor ataque a los valencianos desde que Felipe V abolió los fueros", en referencia a la supresión de la autonomía en el siglo XVIII durante la Guerra de Sucesión. Blasco recalcó que Zapatero "manipula la realidad a conveniencia con tal de atacar a los dirigentes del PP y limitar el autogobierno valenciano".

En la misma dirección se pronunció el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, quien afirmó que la cuestión del Cabanyal "no es un debate jurídico, sino político, que atenta contra el estatutario derecho de los valencianos para ejercer sus competencias". Por este motivo, añadió, "el Consell utilizará todos lo medios jurídicos para defender esos derechos y competencias", aunque no precisó el contenido de estas iniciativas.

Por su parte, la portavoz socialista en el ayuntamiento, Carmen Alborch, mostró su satisfacción por el "rigor y buen hacer" del Consejo de Estado, puesto que arma de argumentos al Gobierno "para proteger el Cabanyal y el patrimonio de los valencianos". Con esa idea coincide Mònica Oltra, portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, quien responsabilizó a la alcaldesa de la degradación que sufre el barrio. "Sin duda, es una estrategia para justificar su demolición", denunció.

La plataforma de vecinos Salvem el Cabanyal, contraria al plan, emitió un comunicado en el que exigió al Gobierno valenciano "la paralización definitiva de los derribos y la puesta en marcha de un plan integral de rehabilitación".