El PP valenciano pasa de puntillas por el castigo a Costa

Silencio y ausencias. Sobre estos márgenes discurrió ayer la respuesta de los primeras espadas del PP valenciano a la decisión del Comité de Derechos y Garantías de suspender de militancia durante un año a Ricardo Costa, ex secretario general de esta formación en Valencia. Su sucesor, Antonio Clemente, estuvo todo el día desaparecido para no responder a las noticias que ayer lo vinculaban con El Bigotes, director de Orange Market y hombre de Correa en la zona. Por su parte, fuentes cercanas a Costa, aseguraron que está de viaje por el extranjero y "no quiere hablar con nadie".

Fue una consigna, la del mutismo, que también hizo suya el Consell. "No voy a hablar de este tema", espetó a los periodistas Vicente Rambla, vicepresidente primero. Rambla aparece en un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que lo vincula con la supuesta financiación ilegal de los conservadores valencianos en combinación con la trama Gürtel. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de viaje institucional en Nueva York, tampoco se pronunció sobre la sanción.

La ruptura de tanto hermetismo llegó por boca de los presidentes de las diputaciones valencianas. Carlos Fabra, de Castellón, aseguró que respeta la sanción, pero que no la comparte "porque se ha obviado lo mucho que Costa ha trabajado por este partido". En la misma línea se pronunció Alfonso Rus, máximo responsable de la diputación de Valencia, quien aventuró que Costa "recurrirá esta decisión tan desmesurada" porque, alegó, "se trata sólo de un acto de indisciplina de alguien que ama la política y el PP".

"Se trata sólo de un acto de indisciplina de alguien que ama la política y el PP"

Más prudente se mostró el presidente estatal del PP, Mariano Rajoy, quien no quiso valorar la sanción. "A unos les parecerá dura y a otros blanda. No voy a intervenir en las decisiones del Comité", afirmó. Un argumento que también deslizó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien defendió la "independencia" de este órgano "para que tenga algún sentido institucional".

Desde la oposición, el líder de valencianos, Jorge Alarte, expresó su "perplejidad" por el hecho de que el PP penalice a Costa "por hablar demasiado y no por su implicación en la trama Gürtel". Paralelamente, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Mònica Oltra, criticó que la decisión del PP se reduzca a una medida disciplinaria. "¿Por qué lo quitaron como secretario general? ¿Por corrupto? Si fue por eso, por qué no han apartado a quien le daba las órdenes, como él declaró", se preguntó y contestó Oltra.

Por otra parte, Antonio Clemente, que sustituyó a Ricardo Costa como secretario general, se ha convertido en el último político en verse salpicado por el caso Gürtel. Según reveló ayer El Mundo, una grabación telefónica demuestra que contó con la intercesión de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la compra de un coche. Se habría ahorrado unos 3.000 euros. Ayer, rechazó hacer declaraciones. Pero, en su defensa, González Pons mantuvo que si la grabación es anterior al 6 de agosto de 2008, cuando se judicializó el caso, esta sería "ilegal". Y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quiso quitar hierro al asunto de manera socarrona: "3000 euros fueron pocos. Si hubiera ido conmigo le habrían hecho un 10% de descuento".