Puertas adentro, el partido presidido por Mariano Rajoy espera con los dedos cruzados cada uno de los avances judiciales del caso de los trajes, en el que está imputado Francisco Camps. Pero puertas afuera, la dirección nacional de los conservadores reacciona a cada novedad protegiendo a uno de sus barones territoriales con más peso electoral.

Ayer, el guión volvió a repetirse. Pese a que cada vez son más los dirigentes del PP convencidos de que Camps está cerca de sentarse en el banquillo, desde la sede nacional del PP se apuntó a lo 'desproporcionado' de la multa solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para Francisco Camps.

Rajoy obvia la 'Gürtel' pero pide 'responsabilidades' al PSOE andaluz

Todo ello, pese a que el escrito de acusación recoge que Camps y el resto de dirigentes del PP del País Valencià imputados en esta causa, aceptaron regalos conscientes de que les eran entregados en consideración al cargo público que ejercían. Y que desde esta posición ellos podían tomar decisiones sobre asuntos en los que la trama corrupta tenía intereses.

Dando la espalda a estas observaciones, desde la dirección nacional del partido sostuvieron ayer que la petición de 41.250 euros a Camps en concepto de multa por un delito de cohecho pasivo impropio no se basa en ningún hecho. Además, el entorno de Rajoy insistía en que en el escrito hecho público ayer no mencionaba otros delitos como la financiación irregular o el cohecho propio.

No obstante, la Fiscalía sí entiende que podrían existir estos delitos, por eso insiste en que el procedimiento se paralice hasta que el TSJ de Valencia se pronuncie sobre los documentos relativos a financiación irregular remitidos por Madrid.

Aguirre presume de que en el PP de Madrid los imputados dimiten

En este contexto, la dirección nacional del PP volvió a mostrarse convencida una vez más de que el president del País Valencià 'es un hombre honrado' y que 'no hay motivos para que no sea proclamado candidato'. Lo mismo sostienen en el entorno de Camps. Los planes de Rajoy son los de agotar los plazos y no ratificarlo de manera oficial hasta que sean convocadas las elecciones.

Tampoco faltaron ayer las acusaciones de 'parcialidad' y de 'doble rasero' a la fiscalía desde la sede del PP.

Horas antes de que se conociera el auto, Rajoy exigía a los socialistas que asumieran 'responsabilidades políticas' en el caso de las supuestas irregularidades en los ERE de la Junta de Andalucía.

Obviando el caso Gürtel, que un día antes arrojó un nuevo alcalde de su partido imputado en Madrid, el presidente del principal partido de la oposición definió el caso andaluz de 'drama de proporciones monumentales' y de 'vergüenza'.

Por su parte, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los focos del caso Gürtel, sacó pecho ayer al asegurar que en el PP de Madrid cuando alguien hace algo incorrecto, dimite, 'no como en el PSOE'.

Desde Valencia, el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, lamentó que el Gobierno esté 'más preocupado en perseguir a los fumadores o a los que no guardan los tickets', en alusión a Camps. EUPV y Compromís reaccionaron exigiendo al president su dimisión.