PP y PSOE comienzan a negociar con recelos la renovación del TC

El PSOE y el PP ya han empezado a hablar sobre la renovación del Tribunal Constitucional (TC). El responsable de Justicia de los conservadores, Federico Trillo, anunció ayer que ya había contactado con el Gobierno. Su interlocutor es el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambos han mantenido siempre una relación muy fluida en materia antiterrorista.

Ayer, tras las primeras conversaciones, Trillo confesaba en los pasillos del Congreso que tenía esperanzas "fundadas" de alcanzar en esta ocasión un acuerdo. Tras varios intentos frustrados, el dirigente conservador explicaba que habían desaparecido las "cautelas" y "reservas" que existían en otro tiempo con el Estatut de Catalunya y Bildu.

El dirigente del PP indicó que a finales de esta semana daría al Ejecutivo una serie de nombres para empezar a negociar días después. Pero no quiso aclarar si su formación iba a seguir o no manteniendo el de Enrique López, el exvocal del Consejo General del Poder Judicial y principal escollo para llegar a un pacto durante todos estos meses. Este ya fue vetado en 2010 por los servicios jurídicos del Senado al incumplir los requisitos para el cargo y ser dueño de un perfil político tan acentuado como incompatible con el TC, según los socialistas.

Trillo aseguró que su partido había entendido el mensaje que habían querido trasladar los magistrados del Alto Tribunal al presentar su dimisión. Y mantuvo que López no iba a ser "un problema". Lo que no quiso explicar fue si lo decía porque el PP lo retirará o si era porque ya contaba con que el PSOE no lo vetará.

En el PP ayer existía división de opiniones sobre lo que era más conveniente hacer. Para algunos no había que plegarse de ningún modo a las "exigencias" del PSOE. Otros pensaban que no era necesario tensar tanto la cuerda y que sería conveniente ceder porque los ciudadanos no iban a entender semejante enconamiento.

Todos coincidían en que la solución es "difícil". Y había quien insinuaba que López siempre podría argumentar que se estaba abusando de su nombre y que se retiraba para favorecer el entendimiento. Con Rajoy en la Moncloa ya se le encontraría otro puesto.

A pesar de todo, los que opinan que se debería retirar el nombre de López para facilitar el desbloqueo son minoría. Y la decisión final, por tanto, corresponde al jefe de la oposición. Fuentes conservadoras exigen gestos del PSOE. Entre otras cosas esperan conocer su respuesta a la propuesta de alargar los mandatos de los magistrados para hacerlos incluso vitalicios y sobre la despolitazación en su elección para asegurar la independencia del TC.

En cualquier caso, los recelos y la desconfianza entre las dos formaciones siguen vivas. Al tiempo que hablaban de buena disposición, se lanzaban toda clase de reproches. El disparo de salida lo efectuó el presidente del Congreso, José Bono, cuando emplazó a PSOE y PP por enésima vez -van siete- a presentar a sus candidatos y les dio de plazo hasta el 30 de junio. "En nuestro sueldo está cumplir con la obligación" apremió.

La portavoz conservadora recogió el guante y acentuó la "voluntad firme y sincera" de su partido de hacerlo. "Así se lo hemos trasladado al PSOE", solemnizó Soraya Sáenz de Santamaría. Buenas palabras y, tras ello, el estoque. Para ella, los socialistas son los únicos culpables de que la silla que Roberto García Calvo dejó vacía al fallecer no se hubiera reasignado y calificó de "descabelladas" las opiniones que habían expuesto sobre el tema Ramón Jáuregui y Francisco Caamaño, ministros de la Presidencia y de Justicia, respectivamente. Sobre López pidió "prudencia". El relevo, a su juicio, se debe hacer "sin vetos ni bloqueos". "Las negociaciones no pueden ser asimétricas ni desiguales", recalcó la portavoz.

El magistrado López, ahora en la Audiencia Nacional, es ya la única clave. A juicio del PP, las razones que alegaron los letrados del Senado para frenar su candidatura -la falta del periodo mínimo de ejercicio profesional exigido por ley- ha desaparecido.

Los socialistas, por el contrario, consideran que esta limitación no es cuantitativa y susceptible de medirse en meses y días, sino cualitativa. López "no cumple los requisitos", insisten los negociadores del PSOE, porque "carece del perfil" necesario. El barniz profesional que adorna, según argumentan, a todos los miembros del TC: su paso previo por el Supremo o un acreditado prestigio como docente.

Sin la propuesta del exportavoz del CGPJ, el acuerdo llegaría "mañana mismo", asegura el Grupo Socialista. Su número dos, Eduardo Madina, evitó ser tan explícito e invitó a leer entre líneas: "Quien tiene el veto en su mano es el PP, que sabe cuál es el contenido de su veto y, si quiere renovar, tiene que modificarlo". Léase López.

El desencuentro reprodujo, casi en sus términos literales, las diferencias que ambos grupos exhibieron a finales de 2010, cuando se intentó por última vez cerrar una acuerdo para renovar el cupo de magistrados que corresponde al Congreso, cuya mandato finalizó en noviembre.

El PSOE desconfía de la sinceridad del PP. Madina llamó a distinguir "entre lo que dicen y lo que hacen" para enfriar expectativas. Otros dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno dibujaron un horizonte de acuerdo aún más sombrío.

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, y el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, coincidieron en una interpretación que denuncia el supuesto tacticismo del PP: "Quiere esperar a tener una mayoría parlamentaria que le permita tener mayoría" también en el TC, afirmó Iglesias. "Hace ya un tiempo que el PP está poniendo todas las dificultades para que se pueda actualizar", denunció Iglesias en Rac1.

Según Jáuregui, los conservadores tienen la tentación de impedir la renovación hasta que una hipotética ventaja electoral "les favorezca para negociar en mejores condiciones". "Es un argumento de partido que puedo comprender, pero que no es aceptable", señaló el titular de Presidencia.

Abonando las críticas del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño culpó a la "falta de lealtad institucional" del PP del retraso en la renovación del TC. A su juicio, el partido conservador se ha enrocado en la estrategia de "o lo que yo quiero o la nada", en referencia a su apuesta por López. "Que sepan que el PSOE y sus diputados están siempre abiertos al diálogo, a buscar una buena solución, pero la imposición es justamente lo que la Constitución no quiere", advirtió al PP.

Resolver esta situación se prevé complicado. "Tenemos una derecha que invita a perder la esperanza", previno Madina. "Dos no pactan si uno no quiere; si el que no quiere [pactar] pasa a querer, será mejor", tradujo la misma intuición en otras palabras el número dos del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba.