El Gobierno tendrá algo más que vender a sus socios comunitarios en el decisivo Consejo Europeo que se celebrará los días 28 y 29 de junio en Bruselas. Mariano Rajoy llegará a la capital administrativa de la UE con un pacto debajo el brazo con el principal partido de la oposición. El acuerdo, que materializa la voluntad de ambos partidos de defender una 'voz única' en Europa, se concretó este jueves en el Congreso minutos antes de que los diputados votaran la ratificación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG), el conocido como pacto fiscal europeo. 

Tras una mañana de intensas negociaciones entre las direcciones de PP y PSOE, los socialistas votaron finalmente a favor de la ratificación del tratado europeo que limita el déficit estructural anual al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Y lo han hecho con la condición de que ambos partidos presenten la próxima semana una proposición no de ley sobre la necesidad de articular 'estímulos al crecimiento' que complementen la voluntad europea del rigor máximo en el gasto. El texto, que se difundió a lo largo de la tarde [descargar aquí], se discutirá el próximo martes en el pleno de la Cámara baja.

Por lo tanto, el pacto fiscal salió finalmente adelante con los votos favorables de PP, PSOE, CiU, PNV, UPyD y UPN. La izquierda minoritaria, integrada por el grupo de IU-ICV-CHA y por BNG, ERC, Amaiur y Compromís-Equo, rechazó el acuerdo al considerar que 'sacraliza el déficit cero' y 'cede soberanía hacia ámbitos no democráticos de la UE'. 

En un principio, la voluntad de los socialistas, y así lo expresó desde la tribuna el parlamentario Juan Moscoso, era la de añadir al tratado una enmienda que lo complementara incluyendo un mensaje claro a favor del crecimiento. 'Austeridad y crecimiento no pueden ser analizados de manera separada. Sin crecimiento no habrá estabilidad ni calma en los mercados. Hay que poner este debate en el contexto en el que estamos', aseveró el diputado del PSOE en una de sus intervenciones. Sin embargo, los conservadores no estaban dispuestos a añadir 'parches' a un texto que llega desde Bruselas y que no puede ser modificado, según indicaron fuentes del grupo popular en los pasillos del Congreso, informa Juanma Romero. 

Desde primera hora, el encargado de defender el tratado en el pleno, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, pidió a los socialistas un respaldo que permitiera a su jefe de filas acudir a Bruselas con el colchón de un pacto con el principal partido de la oposición en un momento de gran incertidumbre sobre la capacidad real de recuperación de la economía española. Sin embargo, se mostró en todo momento contrario a ceder ante los socialistas en su intención de incluir un plan específico en favor del crecimiento en el Pacto Fiscal Europeo. 'Seguro que hay que discutir el crecimiento, y yo estoy dispuesto a ello. Pero les pido que reflexionen, porque hoy dar la imagen de una división de la Cámara hace un flaco favor a la economía española y lanza un mensaje débil y erróneo a la UE', aseveró el jefe de la diplomacia española. 

Los grupos situados a la izquierda del PSOE rechazaron en bloque la ratificación del tratado y presentaron varias enmiendas a la totalidad que fueron rechazas en todos los casos. El diputado José Luis Centella, representante de La Izquierda Plural, justificó su modificación con el argumento de que el texto abunda en 'los mismos instrumentos que han llevado a la crisis' y no propone soluciones encaminadas al crecimiento y al empleo. En ese sentido, el primer portavoz adjunto de IU-ICV-CHA reclamó al Gobierno que convoque un referéndum para que sean los españoles los que decidan sobre 'un proceso constituyente que se está realizando a espaldas de la ciudadanía'. 

Desde el Grupo Mixto, Francisco Jorquera, del BNG, que presentó otra enmienda a la totalidad, indicó que la austeridad es el eufemismo que se utiliza para llevar a cabo recortes en servicios sociales. Por su parte, Uxúe Barkos, de Georoa Bai criticó la 'sacralización del déficit' y Joan Baldoví, de Compromís-Equo, rechazó el acuerdo al considerar que 'eleva el déficit a los altares' y deja 'por debajo' a la gente en el orden de prioridades. 

El tratado señala que los países pueden solicitar sanciones financieras directamente al Tribunal de Justicia de la UE para países que no trasladen el techo de gasto correctamente a su normativa. Las multas podrán ascender, en última instancia y como máximo, al 0,1% del PIB y los fondos que se recauden se ingresaraán en el Mecanismo Europeo de Estabilidad o en el presupuesto de la UE.

Según el texto, sólo los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60% del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1,0% del PIB. Los países con una deuda superior al 60% deberán reducirla en una vigésima parte al año. 

Asimismo, el pacto vincula a partir del uno de marzo de 2013 la concesión de rescates a países que hayan ratificado este acuerdo, según informa Efe.