Este artículo se publicó hace 15 años.
El presidente de Castilla y León aclara que Ciudadanía es obligatoria pese a la sentencia
Herrera cree que el Gobierno cometió un "nefasto error" al "empecinarse" en imponer una asignatura que debió ser optativa.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía seguirá siendo obligatoria a todos los efectos en Castilla y León, independientemente de la sentencia dictada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
Así lo ha aclarado el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, quien ha precisado que el asunto será tratado a fondo mañana en el Consejo de Gobierno regional a partir de un estudio que Herrera ya ha encargado al consejero de Educación, Juan José Mateos.
El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que, de la simple lectura de la sentencia, se desprende que "sólo afecta a las familias que presentaron recurso contra Educación para la Ciudadanía".
Herrera ha asegurado que la Junta de Castilla y León "acata" esta última decisión judicial y la ejecutará, aunque ha recordado que en la propia sentencia se admite que es una resolución contraditoria con la doctrina del Tribunal Supremo.
"Inseguridad"El presidente del Gobierno regional ha pedido "tranquilidad" a los alumnos y a sus familias, a los que ha recordado que la asignatura se mantendrá como obligatoria, pero con el modelo curricular aprobado por la Junta de Castilla y León, en una decisión refrendada por el Supremo que "excluye cualquier aspecto que pueda atentar contra la libertad de conciencia de las familias".
Para Herrera, la sentencia del TSJCYL confirma que el asunto terminará en el Tribunal Constitucional, y esta asignatura seguirá generando "alarma e inseguridad" donde se necesita todo lo contrario.
En este sentido, ha considerado que el Gobierno cometió un "nefasto error" al "empecinarse" en imponer una asignatura que debió ser optativa y de la que se tendrían que haber "podado" algunas partes que pueden interferir en el legítimo derecho de libertad de conciencia de las familias.
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