Formalmente, ni un imputado. En la práctica, el cerco al diputado Josep Sánchez Llibre se va estrechando. La trama de supuesta financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) que investiga la Fiscalía General del Estado señala al representante de Unió en el Congreso.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, señaló ayer que es el ministerio público del Tribunal Supremo quien está investigando 'hoy mismo [por ayer]' si el asunto acaba en la Sala Segunda de esta instancia o vuelve a la Audiencia Provincial de Barcelona. La decisión se tomaría en función de si se derivan o no responsabilidades de aforados. Sin embargo, el hecho de que sea el teniente fiscal jefe del Supremo, Juan José Martín Casallo, el encargado de esta decisión es sintomático de que en la documentación que obra en poder de la fiscalía figuran actividades llevadas a cabo por diputados. Y en esta causa, según se conoció en su día, Sánchez Llibre jugó un rol significativo. La mano derecha del presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, mandó en su día diversos mensajes de texto relacionados con la investigación que están en poder de la fiscalía.

Diversos SMS relacionan al político con el entramado

En uno de ellos, el político se dirigía a un proveedor del partido después de conocerse que tenía que declarar ante la fiscalía para indicarle que 'no pasa nada', que 'está todo controlado' y que debía limitarse a 'mantener su versión', en el sentido de que unas facturas falsas eran realmente de sociedades instrumentales y no gastos de la formación.

En la documentación figuran otros dos nombres que pudieron jugar un papel importante dentro de la supuesta trama de financiación ilegal: Josep Maria Núñez, entonces gerente de Unió, y Xavier Soriano, un intermediario casado con una secretaria de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada al partido.

Su condición de aforado haría que el caso se juzgara en el Supremo

PSC, ERC e ICV-EUiA pidieron ayer la comparecencia en el Parlament del actual consejero delegado del Institut Català de Finances (ICF), Miquel Salazar, para interrogarle sobre este caso. El ICF concedió en 2003 un crédito de un millón de euros al grupo de empresas con el que supuestamente Unió tejió la red que emitía facturas falsas y pidió créditos hasta crear un agujero de diez millones. De hecho, la entidad financiera dependiente de la Generalitat reclama ahora 727.000 euros.

El tripartito anunció, por boca del portavoz del PSC en el Parlament, Joan Ferran, que ejercerá una 'presión gradual' en este tema y abrió la puerta a pedir la comparecencia de Ernest Sena, que en 2003, último año de CiU en el Govern, era el director general del ICF.

Según manifestó Ferran ayer, la petición de que comparezca el actual responsable del ICF responde al hecho de que CiU no ha dado ningún tipo de explicación por el momento y tampoco lo ha hecho el ente financiero. Quien sí dio vagas explicaciones en su momento fue el propio Sánchez Llibre, que explicó en un comunicado que conoció la investigación por la prensa y que se personó 'voluntariamente' ante la Fiscalía del TS 'para conocer exactamente los hechos y para contribuir a su pleno esclarecimiento, siempre desde la más absoluta tranquilidad y normalidad'.

La supuesta trama es el cuarto gran escándalo en que se vería implicada Unió, después de los casos, ya juzgados, Turisme y Treball, y con el inminente juicio del caso Pallerols, donde el fiscal situará a la propia formación como responsable civil subsidiaria de los delitos cometidos por diversos militantes.