En prisión por la operación Guateque un funcionario jubilado

El juez Santiago Torres, que instruye el caso de la supuesta trama de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Madrid, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional de Carmelo García Sánchez.

Se trata de un funcionario jubilado del Consistorio que ya estuvo imputado en un caso de supuestos sobornos a empleados municipales en 1995. En 2004 quedó absuelto de un delito de tráfico de influencias.

El ahora encarcelado accedió a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de la capital en 1959, señalaron ayer fuentes municipales. Se jubiló en septiembre de 2004. Lo hizo dos meses después de que fuera absuelto en el conocido como caso de la Sauna Paraíso, que se remonta a 1995.

Entonces, un local de ambiente gay fue precintado por el Ayuntamiento. Su dueño denunció después a varios técnicos municipales a los que había sobornado para evitar que le cerraran la sauna.

Según explicó la fiscal durante el juicio, Carmelo García Sánchez era en 1995 un delineante de Urbanismo que se ofreció al empresario para resolver sus problemas de licencias. A cambio pidió 3.000 euros en mano y otros 3.000 trimestrales. El tribunal consideró que no se podía probar la extorsión y García Sánchez fue absuelto.

A petición del fiscal

El juez que investiga el caso Guateque decretó ayer prisión para García Sánchez a petición del fiscal tras tomarle declaración, informó Europa Press. El magistrado dejó libres sin cargos a otros dos imputados, entre ellos Adrián Luengo Romero, cartógrafo de la Gerencia de Urbanismo.

Estaba previsto que un cuarto declarase pero no se presentó en el juzgado. Fuentes municipales señalaron que el secreto se levantará probablemente en diciembre.

Con la orden de ayer, ya son seis las personas que están en prisión por la trama de supuestos pagos a funcionarios para agilizar licencias o retrasar sanciones. Fuentes judiciales, señalaron que Santiago Torres investiga a un total de 35 personas, entre los que están los 17 detenidos la semana pasada. Hace dos días, la Guardia Civil registró oficinas de la Junta de Distrito de Tetuán.

El Ayuntamiento ya ha puesto fecha al pleno extraordinario sobre el caso que solicitó el PSOE: será el 28 de noviembre y comparecerán la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez y la de Medio Ambiente, Ana Botella.

El portavoz socialista, David Lucas, criticó que coincida con un pleno ordinario sobre los presupuestos "están intentado desviar la atención". Fuentes municipales respondieron: "Al PSOE le urgía la convocatoria y la fecha más próxima para su celebración era ésa".

Tres detenidos, nombrados por políticos

Faltaba ella por meter el dedo en la llaga. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, achacó ayer lo sucedido en la Operación Guateque a los sistemas administrativos "obsoletos y decimonónicos" de los ayuntamientos para dar licencias.

Dijo en RNE que los permisos entrañan "cierta oscuridad, opacidad y, muchas veces, corrupción". Tampoco ve clara la propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de privatizar el sistema para dar las licencias. Apostó por "reglas claras con sanciones si no se cumplen".

Fuentes municipales confirmaron que la mitad de los imputados que están en la cárcel son puestos de libre designación: Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro y Carmen Eulalia Ibáñez.

Los socialistas reclamaron al alcalde "que deje de echar balones fuera" porque varios "cargos de confianza" del PP están detenidos. El secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, negó la relación con su partido. Señaló que sus nombres no le venían "a la cabeza", aunque los cargos que ocupan estos funcionarios los nombra un político.

La Cámara de Comercio recordó que el Ayuntamiento no ha respondido a su oferta de colaborar en la tramitación de licencias.