Proceso al proceso

Rajoy rechazó debatir en televisión con Zapatero en 2004. Olga Viza elaboró un cara a cara virtual con una entrevista a ambos, emitida el 28 de febrero. "Va caminando por la calle y se cruza con Antxon. ¿Qué haría?". La periodista se refería al exetarra Eugenio Etxebeste puesto en libertad cuatro semanas antes, tras siete años de prisión. La respuesta deRajoy: "Llamaría a la Policía".

Si Rajoy estaba dispuesto a denunciar a un exterrorista en libertad, condena cumplida mediante, el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, no denunció a Mikel Antxa y a Iñaki de Rentería, máximos jefes político y militar de ETA, antes, durante, ni después de la reunión que mantuvo con ellos el 19 de mayo de 1999 en Zúrich, Suiza. Ambos tenían orden internacional de busca y captura. Fluxá y su superior, Jaime Mayor Oreja, tuvieron que garantizar que pudieran acudir sin ser detenidos.

Martí Fluxá tenía entonces más deber de perseguir terroristas que Jesús Eguiguren, Javier Moscoso o José Manuel Gómez Benítez, aunque sólo sea por tratarse de uno de los dos máximos jefes de Interior frente a los otros tres, cuya relación orgánica con elGobierno era nula.

Nadie persiguió a Martí Fluxá ni a Mayor Oreja por colaborar con ETA o falta de diligencia en la persecución de criminales. Y los mismos que salieron tranquilamente de Zúrich organizaron el asesinato de 42 personas después de aquella negociación.

Todo esto viene a cuento de la campaña de las actas en el caso Faisán. Esa campaña ha tenido como objetivo a los tres magistrados llamados esta semana a decidir si el chivatazo es colaboración con banda armada o no, de lo que depende que continúe su instrucción en la Audiencia Nacionalo en un juzgado de Irún.

El tribunal intercambió criterio con los otros dos miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Parece que, de los tres encargados directamente de decidir, dos se inclinaban contra el delito de colaboración y uno a favor. Incluso, en cierto momento, el resultado pudo ser unánime a favor de desestimar la colaboración con banda armada.

Pero la campaña dio en la diana. El tribunal encontró una salida. Dos magistrados (García Nicolás y De Diego) explicaron que no es el momento "procesal" de calificar el delito. Ergo: la causa sigue en la Audiencia Nacional.

El juez Pablo Ruz disponía desde hace meses del acta de la reunión de junio de 2006, por aludir a las detenciones del bar Faisán. Durante su viaje a París, el pasado 21 de febrero, para interrogar a policías franceses, Ruz aprovechó para pedir a la jueza Levert todas las actas y documentación de los sumarios franceses. Son las que ahora ven la luz. Intencionadamente o no, el juez ha convertido la causa del Faisán en un destripamiento del proceso de paz.

En un proceso al proceso de paz. El juez podrá, tras el ardid de los magistrados, procesar a los tres imputados y no será hasta entonces cuando estos, al recurrir el procesamiento, obliguen a la sala a debatir el fondo de la cuestión. Para entonces el circo mediático y político ya estará montado.