El promotor de la fiesta del Madrid Arena echa toda la culpa al Ayuntamiento

El promotor de la empresa Diviertt, organizadora de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena que se saldó con cuatro jóvenes muertas y otra herida muy grave, descargó este martes toda la responsabilidad de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, la Policía municipal de la capital y la empresa de seguridad Seguriber, encargada de la vigilancia en el recinto, según explicó Gerardo Viada, abogado de la familia de una de las fallecidas, Katia Esteban Casielles.

Miguel Angel Flores ha sido el primer imputado en declarar ante el juez de Madrid Eduardo López Palop, que instruye las diligencias penales del caso. "Pudieron evitar el botellón y no lo hicieron", destacó sobre la Polìcía Municipal el empresario, que señaló que esa concentración masiva de jóvenes bebiendo sin control en las inmediaciones del recinto estuvo en el origen de la avalancha mortal.

Cómo ha sostenido hasta ahora, Flores insistió también ante el juez en que sólo vendió 9.650 entradas para el evento: 5.000 a través de Internet, otras 4.000 en centros Carrefour y otros comercios; y el resto en entradas vip.

Según su versión, el problema se derivó de las 3.000 ó 4.000 personas, procedentes de los botellones de jóvenes que se habían organizado desde medianoche en el exterior del pabellón, que irrumpieron en el recinto hacia las 3 de la madrugada, lo que habría dado lugar a la avalancha donde quedaron atrapadas las víctimas.

El botellón de fuera era escandaloso y comenzó a formarse cuatro horas de la tragedia, dice Flores

Flores destacó que la magnitud de ese botellón exterior era escandalosa y se podia prever desde las once de la noche del miércoles 31 de octubre, a la vista de la cantidad de gente que salía del metro de Lago y de la cantidad de botellas de alcohol que llevaban consigo para consumir allí mismo. Sin embargo, la Policía municipal no tomó medidas contra esa congregación espontánea de jóvenes, que era muy superior, insistió, al registrado en otros conciertos.

La tesis central de Flores es que Diviertt no tenía competencias en materia de seguridad ni interior ni exterior del pabellón, ni tampoco en los planes de evacuación ni en el control de dnis y registros de los bolsos o bolsas de los asistentes. Explicó que en las cerca de 40 fiestas parecidas que ha organizado siempre ha sido así.

Explicó que esas atribuciones en seguridad corresponden a Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal que gestiona el Madrid Arena, y de Seguriber, la compañía de seguridad privada que tiene subcontratada el Ayuntamiento madrileño.

La empresa Kontrol 34, contratada por Diviertt --formada por el personal con petos amarillos--, no estaba encargada de la seguridad, sino que se dedicada a servicios diversos de organización como ropero o acomodación. Siempre según su versión, eran 17 personas aquella noche.

Sobre si hubo excesiva distribución de alcohol en la fiesta, declaró que, al revés, vendieron 40.000 euros en consumiciones cuando preveían hacer una caja de 100.000 euros, debido a que hubo personas que optaron por beber fuera, antes del macroconcierto. También negó llevarse dinero por el alquiler del parking cercano, donde se produjo parte del botellón.

Flores aceptó responder a las preguntas de la Fiscalía, y de los abogados de las acusaciones particulares que representan a las familias de las fallecidas, pero se negó a hacerlo al letrado del Ayuntamiento de Madrid --que aún no está claro en calidad de qué está personado en las actuaciones--, de Madrid Espacios y Congresos, Manos Limpias (acusación popular), y la empresa Kontrol 34.

Tras su declaración, la Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar contra él, pero sí lo hicieron alguna de las acusasiones en nombre de las víctimas, que pidieron prisión eludible con fianza de entre 100.000 y 250.000 euros. El juez López Palop acordó únicamente la medida de que el promotor se persone quincenalmente en el Juzgado, los días 8 y 22 de cada mes.

La imputación genérica contra él por parte de las acusaciones es por cuatro delitos de homicidio imprudente y un quinto de lesiones leves, según fuentes jurídicas del caso.

Miguel Angel Flores, con gesto evidente de preocupación, no quiso hacer declaraciones a los periodistas ni a la entrada ni a la salida del Juzgado. Al inicio de su declaración entregó al juez el listado de los empleados de seguridad de la empresa Seguriber que le remitió Madrid Exposciones y Congresos, como hacía siempre cuando organizaba este tipo de actuaciones.

Insistió en que él no intervino ni en la seguridad interna ni en la externa, y que lo que sí hizo es transmitir al enlace del Madrid Exposiciones y Congresos que acudió a la fiesta, donde él también estuvo toda la noche, la entrada masiva de jóvenes procedentes de los botellones que se produjo en torno a las 3 de la mañana. Para su acceso se abrieron dos puertas --no por Diviertt, según Flores--, y fue lo que provocó la avalancha. El desorden que se estaba provocando fue transmitido por el citado enlace al jefe de seguridad de  la Policía municipal. 

Sobre el número de entradas, Flores admitió, a preguntas de una de las familias de las jóvenes muertas en la avalancha, que pudo haber alguna duplicación por Internet, pero que para controlar ese fraude, Diviertt contaba en los accesos con operarios de la empresa Dato dedicados a verificar que los tíckets sean auténticos.

El viernes, el juez ha ordenado a la Policía contabilizar las entradas recuperadas en presencia de las partes

Para intentar precisar el número de entradas realmente vendidas por Diviertt, el juez ha ordenado para el próximo viernes un diligencia, a la que asistirán las partes personadas en la causa, en dependencias policiales de Madrid, donde se analizarán las entradas que han sido recuperadas por la Policía en un edificio satélite del Madrid Arena.

Flores también dijo que, de acuerdo al contrato, no tenía obligación de disponer médicos en el evento, aunque dispuso dos facultativos, dos enfermeros y dos ambulancias.

El magistrado investiga las posibles responsabilidades en el suceso ocurrido la madrugada del pasado 1 de noviembre, cuando una avalancha en uno de los pasillos del Madrid Arena provocó la muerte de Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda y Cristina Arce de la Fuente, de 18 años, y de Belén Langdon, de 17, y causó heridas muy graves a María Teresa Alonso, de 20, que permanece hospitalizada.

Este miércoles deberá comparecer ante el juez, en calidad de imputado, el representante de la empresa Kontrol 34.