Un informe del pasado 21 de octubre de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que la Consejería de Educación de Madrid no tiene 'amparo legal' para solicitar a los funcionarios la información médica de sus familiares cuando deban ausentarse del trabajo para acompañarles al hospital. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT en Madrid solicitó ayer por carta a la consejera Lucía Figar la retirada de la instrucción del pasado marzo que exige a los profesores información médica de sus familiares para evaluar la gravedad de la dolencia.

El informe de la AEPD vapulea la pretensión del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre de comprobar a través del servicio médico de la Dirección de Área Territorial correspondiente la gravedad del familiar enfermo. El Manual de Permisos y Licencias de Funcionarios Docentes determina que sólo en caso de que la enfermedad de dicho familiar sea 'grave o muy grave' el permiso será remunerado. Esta norma dice que corresponde al médico que ha atendido al paciente valorar en un justificante laboral la gravedad de la enfermedad, siempre sin revelar datos personales del enfermo.

Educación dice que es un procedimiento 'voluntario' para ayudar al trabajador

'La actuación descrita en la consulta, además de carecer de amparo legal, resultaría desproporcionada respecto a la finalidad legítima de comprobar la realidad del hecho que justifica la concesión de un permiso', explica el informe de Protección de Datos al que ha tenido acceso Público. UGT consultó a la AEPD tras comprobar el pasado 11 de marzo la modificación del formato del 'permiso por enfermedad grave, accidente u hospitalización de familiar'.

'La instrucción corresponde a un afán fiscalizador de la Consejería para justificar sus salidas a la opinión pública llamando vagos a los profesores', opina el secretario general de FETE-UGT en Madrid, Eduardo Sabina. En su opinión, la pretensión de la Consejería de vigilar en primera persona la enfermedad de los familiares de los profesores es un 'despropósito' que puede corresponder simplemente a un error de procedimiento a la hora de elaborar los justificantes médicos.

'El afán fiscalizador trata de justificar que llamen vagos a los profesores' (UGT)

En este sentido, Educación señala que la verificación de la enfermedad por parte del 'personal sanitario de la Consejería' es 'voluntaria' para el funcionario y su familiar 'para facilitar la tramitación del permiso al trabajador a efectos de su concesión, ya que los médicos [ajenos a la Consejería] en muchas ocasiones se niegan a calificar la enfermedad'. Además, agregan que luego destruyen posteriormente las pruebas de acuerdo a la normativa de protección de datos.

UGT reclamó ayer por carta la retirada de la medida. La Consejería insiste en justificar la petición de la información médica del familiar del docente 'en el supuesto de que el justificante médico no haga referencia a la valoración de la situación de gravedad del paciente'. Según UGT, los médicos no han recibido instrucciones claras al respecto de lo que tienen que poner en el justificante. Esa indefinición les lleva a no especificar la gravedad de la dolencia del enfermo.

El informe que responde a la consulta interpuesta por el sindicato acude a la instrucción 2/2009 que regula los justificantes médicos, a través de 'la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid', para explicar que la orden diseñada por Figar la contradice. 'Los datos personales que se reflejen en los justificantes deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos', dice el artículo 3.1 de la instrucción.

La agencia madrileña aclara que 'no es adecuado' incluir en los justificantes datos 'relativos al diagnóstico' y se debe limitar 'a constatar que existe un problema de salud que es causa de la incapacidad laboral en que se encuentra el paciente'. Para los justificantes para familiares, la agencia especifica que 'en ningún caso puede hacer referencia a que el titular del derecho a la licencia ha acompañado' al enfermo.

Las modificaciones relacionadas con el Manual de Permisos y Licencias de la consejería de Educación tienen como objetivo dotar de mayor poder en materia de recursos humanos a los directores de los centros. Una resolución del pasado 15 de julio establece que 'corresponde al director del centro, por delegación del director general de recursos humanos, considerar, o no, justificadas las ausencias a las que hacen referencia las presentes instrucciones'.

'Su pretensión es que los directores se ocupen cada vez más de los asuntos de recursos humanos que de los pedagógicos', denuncia Sabina. Una de las ideas educativas del Gobierno de Aguirre que más se debate en las asambleas de enseñanza pública está relacionada con la elección del director del centro. 'Han cambiado el método de selección para que no sea una persona elegida por el centro y además le han dado más autoridad para que denuncie las faltas de asistencia', concluye Sabina.