Artur Mas ha celebrado sus primeros cien días de Gobierno cumpliendo su controvertida promesa electoral de eliminar de facto el impuesto de sucesiones. La decisión del Gobierno de la Generalitat, presentada como proyecto de ley por el president junto al conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, supone renunciar este año a más de 150 millones al liberar del tributo con carácter retroactivo a un grupo de grandes contribuyentes. Poco más de medio millar, según uno de los últimos ejercicios fiscales.

La polémica medida, origen de la principal bronca política entre CiU y la oposición de izquierda, parece situar el Gobierno cada vez más en manos del PP para aprobar los Presupuestos, pendientes por otro lado de la aprobación del plan de estabilidad financiera de la Generalitat. La reacción del PSC, secundado por ICV, ha sido 'cerrar la puerta' a pactar el Presupuesto. El PP, que exigía la supresión ya, dio a Mas la 'bienvenida al sentido común'.

Mas justificó la decisión para 'acabar la discriminación' de Catalunya respecto a otros territorios. El presidente señaló que el objetivo es 'eliminar la competencia fiscal' de otras comunidades y 'retener o recuperar capitales catalanes' que han buscado refugio en administraciones más benévolas. La reforma del tributo, que culmina la aplicada en 2009 por el tripartito, con una merma de 542 millones, sitúa a Catalunya por encima de las comunidades de régimen común (País Valencià y Madrid) con menos presión fiscal sobre las herencias. La exención (del 99%) afecta a cónyuges, padres e hijos y abuelos y nietos.