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El PSM recoge firmas a favor de Escuela 2.0

Los socialistas de Madrid acusan al PP de dejar sin portátiles a 50.000 alumnos

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El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, denunció ayer que el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) va a dejar sin ordenador a más de 50.000 niños de la región por su decisión de vetar el programa Escuela 2.0, lanzado por el Ministerio de Educación para digitalizar las aulas. Gómez resaltó que detrás de esta decisión del Ejecutivo autonómico está la apuesta de la propia Aguirre por "hacer oposición al Gobierno central a costa y espaldas de los que más lo necesitan, que son los niños cuyos padres no pueden pagarles un ordenador portátil".

Por ello, el líder socialista de Madrid anunció que su partido pondrá en marcha dos iniciativas, entre ellas, una recogida de firmas, para instar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a "que busque una línea dentro del marco legal para que se pueda aplicar el programa Escuela 2.0, al menos, en los municipios donde los alcaldes están defendiendo que los chavales tengan acceso, no sólo al ordenador, sino a todo lo que supone el programa 2.0".

Hasta ahora, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha argumentado su rechazo al plan en que, a su juicio, los ordenadores pueden generar problemas de salud, especialmente ergonómicos y visuales, a los estudiantes, debido al reducido tamaño de los equipos informáticos. Este mismo argumento ha sido esgrimido por otros dos gobiernos regionales, también del PP, opuestos al programa de informatización escolar: Comunitat Valenciana y Murcia.

Sin embargo, el veto al plan no es bien visto por al menos 13 ayuntamientos de estas tres autonomías, que ya han aprobado mociones para reclamar a sus respectivos ejecutivos regionales un acuerdo que permita la llegada de los portátiles a sus centros educativos. Entre estos consistorios se encuentran por lo menos dos gobernados por el PP: Alicante y Torrejón de Ardoz (Madrid).

Otro municipios, como Alcorcón, también en Madrid, han solicitado abonar ellos mismos la mitad de la inversión necesaria para digitalizar sus aulas la misma parte que, según el convenio, corresponde a las autonomías, para no quedarse fuera del plan informático.

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