El PSOE tiene la llave para que se pueda utilizar el gallego o el euskera en el Senado. La Junta de Portavoces del Senado ha acordado hoy que se debata la admisión a trámite de una iniciativa para generalizar el uso de las lenguas autonómicas en la Cámara. La presentan todos los grupos, excepto el PSOE y el PP. Los conservadores ya han anunciado que votarán en contra: todo depende de los socialistas.

La propuesta lleva la firma de 34 senadores, que confían en que las conversaciones con los socialistas den como resultado un voto favorable a la admisión a trámite del asunto. Una vez superado este paso, sería el momento de negociar a qué espacios de la vida parlamentaria del Senado se amplía el uso del euskera, el catalán, el valenciano y el gallego.

Hasta el momento, el PSOE se ha mostrado dispuesto a estudiar esta posibilidad aunque sin llegar a generalizar el empleo de estas lenguas, como pretenden los firmantes de la proposición.

Que los senadores puedan expresarse en las lenguas cooficiales en todos los ámbitos del Senado tendría un coste anual de 120.000 euros, según se estima en la memoria económica que acompaña el proyecto. Ese precio, según sus promotores, 'no debería comportar un aumento del presupuesto del Senado sino una reorganización del gasto contemplado en dicho presupuesto', afirman.

El Senado ha ido introduciendo poco a poco el uso del euskera, el catalán, el gallego y el valenciano en su actividad. Los parlamentarios pueden plantear iniciativas por escrito en cualquiera de estas lenguas, aunque deben además hacerlo en castellano; pueden igualmente emplearlas en sus intervenciones ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, el foro en el que intervienen, y también en su lengua, representantes autonómicos.

Cuando se convoca esta comisión, el Senado contrata para la traducción simultánea a un grupo de profesionales que han superado un proceso de selección pero que no están en plantilla de la Cámara Alta. Según las cifras facilitadas por la institución, el coste de este capítulo en una sesión de unas tres horas celebrada en 2008 fue de 6.500 euros.

Puesto que el gasto ya se produce, los promotores de la iniciativa aseguran que no sería necesario ampliar el presupuesto del Senado sino 'reorganizarlo'.

En la otra Cámara, en el Congreso de los Diputados, no se permite el uso de las lenguas cooficiales. La escena en la que el presidente del Congreso de turno llamaba la atención y retiraba la palabra a cualquier diputado que trataba de dirigirse a la Cámara en una de las lenguas cooficiales se ha repetido en varias ocasiones. El actual presidente del Congreso, el socialista José Bono, ha sido especialmente celoso en que sólo se pueda usar el castellano.

Sólo su antecesor, Fernando Marín, relajó un poco la prohibición durante un tiempo y abrió la puerta al uso del gallego, el catalán o el euskera en la introducción de las intervenciones de los diputados. A su llegada, Bono lo cortó de raíz, ante las enérgicas protestas de los partidos nacionalistas.

El verano pasado se alcanzó el punto álgido de tensión en este asunto. Ante las continuos conflictos y la petición formal expresada por ERC para recuperar la doctrina Marín, Bono remitió una carta en la que manifestaba que él no podía ir contra las leyes.

Por aquel entonces, Bono expresó que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso tenía 'un encaje jurídico muy discutible'. 'Ofrecen experiencias no precisamente satisfactorias', sentenció. Para zanjar la cuestión se amparó en el reglamento del Congreso: 'puede ser modificado pero no le corresponde al presidente del Congreso hacerlo', dijo.

Sin embargo, desde fuentes del Congreso aseguraron a Público que 'no existe ninguna referencia al uso de las lenguas en el Parlamento', por lo que Bono debía referirse a una interpretación de 'la Constitución'.