Pumpido insiste en que el fiscal no ha acusado al juez

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dejó ayer en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo el dictamen solicitado por el Consejo General del Poder Judicial que es preceptivo, pero no vinculante, para suspender al juez Baltasar Garzón. El responsable máximo del ministerio público se mostró reacio a adelantar el contenido del informe, pero a preguntas de los periodistas insistió en que "la fiscalía no apoya las acusaciones contra Garzón".

"El dictamen se hará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido", señaló Conde-Pumpido. Uno de los principios por los que se rige la fiscalía es el de unidad de actuación, por lo que sería difícil de comprender que informara a favor de suspender cautelarmente a Garzón, cuando hasta ahora ha considerado que no cometió delito en ninguna de las dos causas que se siguen en el Alto Tribunal en su contra. La fiscalía del Supremo, que será la encargada de hacer el dictamen, hasta ha pedido el archivo.

El informe se realizará a petición del Consejo General del Poder Judicial. Su Comisión Permanente acordó el martes por unanimidad solicitarlo, después de que el Supremo le remitiera el auto de admisión a trámite de la segunda querella de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por los cobros de Garzón en Nueva York, así como el auto del magistrado Luciano Varela, que ayer mismo recurrió en apelación el juez de la Audiencia Nacional. La Permanente adoptó su decisión, pese a que el criterio mantenido por el órgano de Gobierno de los jueces hasta ahora, para iniciar el trámite para suspender a un juez, consistía en que la admisión a trámite de una querella no era suficiente, si no la interponía el fiscal. En ese caso debía esperarse a que se dictara auto de procesamiento o de apertura de juicio oral.

Fuentes del CGPJ señalaron que la Permanente consideró que las admisiones a trámite del Tribunal Supremo, como cúspide de la jurisdicción ordinaria, tienen más valor que idéntica decisión por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, a los que corresponde investigar a los jueces que no ejercen en la Audiencia Nacional.

El fiscal general coincidió en la toma de posesión del fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Supremo, Jesús Bello, con varios vocales del Consejo General del Poder Judicial. Entre ellos estaba su portavoz, Gabriela Bravo, que negó "premura" en la decisión adoptada el martes por la Comisión Permanente. "El hecho de pedir al fiscal que informe nos tiene que enriqueder, sin que ello signifique que se vaya a resolver ya", aseveró la vocal, que añadió que "la decisión que se tome con posterioridad se adoptará en los tiempos que corresponda".

"Para este país, cualquier expediente o procedimiento contra un juez supone una pérdida, porque daña la imagen de la Administración de Justicia", se lamentó Bravo que quiso extensible su comentario a todos los magistraos más allá del caso concreto por el que se le preguntaba: Baltasar Garzón, que es "conocido no sólo nacional, sino también internacionalmente", apuntó.