Aunque era el enésimo debate parlamentario desde el comienzo de la crisis, el de ayer no fue un debate más. Al borde del Rubicón que representa el ecuador de la legislatura fue seguramente la última oportunidad de sentar las bases para un amplio consenso político que acelere la recuperación.

La conclusión no fue novedosa: para el Gobierno se verificó que al PP sólo le guía el afán de recuperar el poder, y para el PP se confirmó que nadie se fía de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en la batalla de la credibilidad ciudadana, que fue la que se libró en gran medida, el presidente exhibió un mejor y más ágil manejo de sus recursos frente a un líder de la oposición enrocado en el asedio al Gobierno.

El empleo y el déficit público, prioridades para el acuerdo

Zapatero sorprendió a Mariano Rajoy con el anuncio de que ha designado una comisión integrada por la vicepresidenta y ministra de Economía y los titulares de Fomento e Industria para que entablen con los grupos parlamentarios una negociación en torno a cuatro grandes temas: mejora de la competitividad y fomento del empleo, política industrial, reducción del déficit público, y estabilidad del sistema financiero y acceso al crédito. Cuatro áreas susceptibles de acuerdos básicos aunque dos forman parte del proyecto de Ley de Economía Sostenible a añadir a los consensos que el Gobierno busca sobre la reforma laboral (con sindicatos y empresarios), las pensiones (en la mesa del Pacto de Toledo) y el modelo educativo (con las negociaciones en marcha desde hace meses).

La alternativa del PP se redujo al enunciado de seis medidas

Rajoy mostró una disposición más dinámica que en ocasiones anteriores y, por una vez, modificó sobre la marcha su discurso para acomodarlo a la intervención del presidente. Pero en el movimiento se le quebró la cintura. No sólo dejó en el aire la pregunta de si su partido participará en la comisión propuesta por el Gobierno, sino que pagó el haber creado en los días previos un exceso de expectativa sobre la presentación, por fin, de una alternativa programática. Desde la atalaya de la tribuna de invitados, Esperanza Aguirre calibraba el impacto de los discursos y oteaba el horizonte.

La indefinición la justificó Rajoy en que ya el 14 de octubre de 2008 acordó con Zapatero una mesa sobre reformas estructurales, 'y aquí no hay nada', sólo 'más de lo mismo: anuncios'. Si no lo hay, según fuentes gubernamentales, es por falta de un interlocutor autorizado a causa de las disputas en el PP. Ahora, 'las reformas no se pueden demorar' y, con este argumento, Zapatero puso como tope un plazo 'no superior a dos meses', de modo que aquellas puedan ser operativas antes del verano. La comisión será convocada la próxima semana y a ella acudirá el Gobierno con documentos 'abiertos'.

La alternativa de Rajoy se limitó al enunciado de seis medidas, planteadas a modo de requisitos previos para un acuerdo y con contenidos que en algún caso chocan abiertamente con la política del Gobierno, como la exigencia de dejar sin efecto la subida de impuestos. A la postre, como el propio Rajoy confesó abiertamente, toda su intervención se sustentó en el convencimiento de que 'así es imposible que aguantemos que el Gobierno aguante otros dos años' y en la estrategia de abonar la idea de que 'aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar'.

Ni siquiera la disposición de Zapatero a reunirse personalmente movió un ápice de su posición a Rajoy. Tampoco la proclama autocrítica del presidente: 'Me hago responsable de toda la tasa de paro'. Y menos aún su apelación a 'superar recelos', en la que puso la venda antes de que se confirme la herida: 'El Gobierno ha hecho todo lo posible'.

Zapatero rechazó las acusaciones de pasividad, improvisación y giro a la derecha. Recordó que todas las reformas planteadas en las últimas semanas, incluidas las más controvertidas, ya las anunció el 2 de diciembre, cuando explicó su estrategia para una Economía Sostenible. Aun así, la bancada socialista aplaudió como si fuera nuevo el anuncio de un plan contra el fraude fiscal. También sobresalió su llamamiento para que la fusión de las cajas de ahorros se realice con 'la máxima diligencia' y culmine antes del verano. Y se reafirmó en que la reducción del déficit se cumplirá 'a rajatabla'.

El presidente dibujó un horizonte en cuesta, pero con un desnivel creciente. 'Aún se seguirá destruyendo empleo en los próximos meses. El Gobierno prevé que volveremos a crecer en este primer semestre y a crear empleo neto a finales de año', pronosticó con cautela.

Por la insondable brecha abier-ta entre PSOE y PP, agrandó Josep Antoni Duran i Lleida su imagen de 'hombre de Estado', con un detallado programa de medidas, si bien algunas chocan con las del Gobierno, como su rechazo frontal a cualquier subida de impuestos. Para Duran, a cuya rueda se pegó Coalición Canaria, ayer se abrió 'una nueva perspectiva' que requiere dar un 'margen de confianza' al Gobierno, aunque le reclamó 'pasar de las palabras a los hechos'. Aun así, el cortejo mutuo ya no se oculta y, al término del debate, departió abiertamente en los pasillos con la vicepresidenta Elena Salgado.

El giro de CiU contrastó con la dureza del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que se mueve en la esquizofrenia dialéctica desde que su partido fue desa-lojado de Ajuria Enea. Ayer empezó chapoteando en el síndrome griego, hasta que Zapatero se mostró beligerante en la exigencia de 'un esfuerzo nacional para defender la solvencia de España' más allá de las críticas al Gobierno, y acabó proclamando que no será 'por este grupo' que no haya consenso contra la crisis.

Los grupos minoritarios de la izquierda ERC, BNG, IU, ICV y NaBai coincidieron en reclamar 'un cambio de rumbo, pero no este', que en su opinión es hacia la derecha. Todos dijeron tener acreditada su voluntad de diálogo, pero también 'razones para la desconfianza'.