Rajoy oculta la carta del BCE y estudia crear un 'banco malo'

Hace unos meses el Partido Popular decía que Europa le ponía deberes a José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora con Mariano Rajoy son solo recomendaciones. Tanto ha cambiado todo que el presidente del Gobierno aún no ha enseñado la carta del Banco Central Europeo (BCE) que recibió en el traspaso de poderes y tanto reclamó en su día.

Fue el pasado 23 de agosto cuando preguntó por ella en el Congreso a su antecesor en el cargo dando por hecho que la compra de deuda española por parte de la institución exigía que se cumplieran una serie de instrucciones. "Quiero saber si se le remitió y cuál es su contenido. Quiero que me lo responda", solicitó. Es más, le pidió que la presentara no ante él, sino ante "esta Cámara que representa la soberanía nacional". No obtuvo respuesta.

Sus cargos le secundaron. La primera, la recién elgida vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En una entrevista en Onda Cero, la dirigente conservadora reprochó la "falta absoluta de transparencia" de Zapatero porque había optado "por dar la callada por respuesta". "Los ciudadanos tienen derecho a saber si la carta ha existido", reclamó entonces. Y recordó que la reforma constitucional para limitar el déficit público la podía haber hecho España sin exigencias.

El equipo de Rajoy dice que no la hace pública porque no fue el destinatario

En un foro del PP, el hoy ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que nuestro país estaba siendo "intervenido por el BCE". También el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, resaltó que en Italia donde se recibió otra con un contenido similar se llevó al Parlamento para que todo el mundo pudiera conocer las medidas "impuestas desde Europa" y se comprometió a que su partido la daría a conocer.

En este momento la misiva sigue siendo secreta. A pesar de que Rajoy ha dicho en numerosas ocasiones que hay que "decir la verdad" y que no piensa ocultar nada a los españoles. Sus colaboradores argumentan que es algo que le correspondía haber hecho a sus destinatarios. Si les llega otra, dicen, ya se verá qué hacen. Además, indican que era para un momento dado y ahora se afronta otra etapa con circunstancias diferentes.

Para los bancos se busca una solución que no afecte a la deuda ni al contribuyente

Serán distintas pero Rajoy se ha servido de ella para reclamar a sus barones que cumplan el déficit y a los agentes sociales un pacto para sacar adelante una nueva reforma laboral. Para el PP es fundamental abordar una negociación colectiva, donde primen los convenios de empresa, y la simplificación de contratos. Hay quien teme que el jefe del Ejecutivo convierta la carta en su única hoja de ruta e imponga medidas muy duras. Todo con tal de no quedarse en el vagón de cola de la Unión Europea.

Para los socialistas la congelación del salario mínimo interprofesional, por primera vez en 45 años, es una señal de que Rajoy va acatar las condiciones del BCE porque, subrayan, el organismo que presidía Jean Claude Trichet recomendó una "devaluación competitiva" de los sueldos. Y ese, se adivina, será el siguiente paso. Según el PSOE, la carta pedía actuaciones "contundentes" contra el desempleo juvenil pero no aludía directamente a los minijobs', trabajos basura. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que eso no está entre los planes del Gobierno.

Los recortes se llaman ahora ajustes y, al final, se suben los impuestos

Además de un nuevo acuerdo del mercado laboral, se procederá a la reestructuración del sistema financiero. Habrá una nueva ronda de fusiones y se estudia la creación de un banco malo', para aglutinar los activos tóxicos del sistema. Este tema está sobre la mesa del PP desde hace varias semanas. Y hay opiniones para todos los gustos. Cuentan que hay dos sectores: uno que lo ve como la única solución y otro, el de los detractores, que se inclina por fórmulas diferentes.

Rajoy, salómonico, será quien diga la última palabra. En la cumbre del PPE en Marsella anunció que la decisión se conocería en el primer trimestre del año. Para eso ha eliminado la vicepresidencia económica y se ha puesto al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

El jefe del Ejecutivo recibe varios inputs a la vez. Tanto de los cargos que le rodean como de los banqueros con los que se reunió nada más ganar el 20-N. El presidente del Santander, Emilio Botín ya ha expresado en público que no le gusta: "Sería hacer una cosa que le va a costar dinero al contribuyente y no solucionar que se den los créditos", aseguró.

La finalidad de su creación es que las entidades puedan sanear sus balances liberando los inmuebles y el suelo que está en sus manos. Los que lo defienden piensan que lo único que tiene "malo" es el nombre que ha recibido. Pero consideran que es la única forma de que los bancos se puedan centrar en sus funciones y dejar de ser inmobiliarias. Los demás no se oponen radicalmente al banco malo pero si que quieren que sea algo hecho con "precisión". "Si se hace hay que hacerlo bien. Tendría que ser un buen banco malo o no suficientemente bueno", explican. Su denominación es importante.

De momento, De Guindos está recabando información del Banco de España. Y quiere evitar que al final el saneamiento de las entidades más débiles obligue al Estado a elevar su endeudamiento.

La semántica económica del Partido Popular ha variado. Los conservadores cuidan cómo utilizan las palabras y han incumplido hasta alguna de sus promesas electorales, como la de no subir impuestos. En el último Consejo de Ministro, Rajoy aprobó una subida del IBI y del IRPF. Al incremento de este último lo denominan "regargo temporal de solidaridad".

Desde que llegaron al poder los recortes pasaron a llamarse ajustes. Rajoy comenzó a reconocer que la crisis era mundial y no algo coyuntural de España, como manifestaba desde la oposición. Los "bandazos" que su partido había criticado a los socialistas llegaron a sus filas cuando, aún sin pisar la Moncloa, dieron diez años de plazo para la devolución de los anticipos de las Comunidades y tan solo unas horas después lo rectificaban. Y la "descoordinación" entre ministerios que tanto había denunciado, arreció de pronto sobre su gabinete entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a cuenta de una cifra que le correspondía dar al uno y no al otro.

El último caso se dio el viernes pasado cuando entre otas cosas congeló el sueldo de los funcionarios. En su día Pons dijo que él habría ido a la huelga por ese motivo y aseguró que partido recuperaría el poder adquisitivo de jubilados y funcionarios. Lo primero lo han cumplido. Lo segundo lo han dejado aparcado. "Estamos comprometidos con el Estado de Bienestar y defendemos el modelo con uñas y dientes", destacó en precampaña.

En mayo cuando se decidió los conservadores votaron en contra. Montoro dijo que las medidas eran "improvisadas, injustas e ineficaces" para sacar a España de la crisis. "No vamos a permitir que los ciudadanos paguen los errores del Gobierno", aseveró. A su juicio la decisión del Ejecutivo era el "certificado de defunción" de la política económica socialista. La secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, llegó a hacer un guiño a los empleados públicos. "Queremos negociar el recorte del sueldo de los funcionarios para que no sea tan brutal", sostuvo aunque al final se mantuvo en el 5%.

En aquel momento el PP estaba dispuesto a buscar alternativas, y señalar partidas con las que compensar el recorte.Ya no se lo plantea. De hecho ha congelado la oferta de empleo público. Algunos dirigentes del PP cuentan que a Rajoy no le importa prescindir de todos los interinos. En el debate de investidura reconoció que no quería a nadie en la Administración que entrara "por la puerta de atrás o señalado por el dedo". En privado, hay quien apunta que tal vez se vean obligados a "darle una vuelta" al despido de los funcionarios y terminen modificando la ley.