Recurso en el Supremo contra el estado de alarma

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) presentó a primera hora de ayer antes de que Zapatero compareciese en el Congreso para explicar la reacción y los argumentos de la gestión del Gobierno dos recursos en el Tribunal Supremo contra los decretos de militarización y estado de alarma que aprobó el Ejecutivo el sábado pasado para atajar el caos aéreo. "Nos plantea serias dudas tanto el procedimiento que se ha utilizado como los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para dictarlos", defendió ayer el portavoz de Usca, Daniel Zamit. En sus recursos denuncian que los decretos limitan su "ejercicio del derecho de la libertad sindical".

El sindicato reclamó al Tribunal Supremo que requiera al Ministerio de Defensa el permiso para poder certificar que su junta directiva decidió formalmente en una resolución presentar los recursos. Es decir, los recursos presentados ayer por el sindicato están condicionados a que el mando militar permita a Usca seguir ejerciendo como sindicato.

El problema, como reconocen los propios sindicalistas en el escrito, es que los controladores están sujetos al régimen militar desde el pasado sábado cuando fue decretado el estado de alarma. Esa movilización "impide toda actuación de tipo sindical", según el escrito de Usca. Con el permiso de Defensa, el sindicato sí podría validar en el Supremo el documento que demuestra que los recursos son fruto de una decisión oficial tomada en junta directiva.

La directiva de Usca formada por el presidente (Camilo Cela), el vicepresidente (José Manuel Acevedo) y el secretario general (Abel Hernández) se reunió de forma urgente para presentar los recursos. Usca no desveló cuándo, sólo explica que la decisión se tomó a partir del domingo.

El secretario de comunicación del sindicato, César Cabo, reconoció que la reacción de los controladores la semana pasada fue "desmesurada". En línea con el mea culpa que los trabajadores han mantenido en los últimos días, Cabo asumió: "Todos tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir". Según el sindicalista, pese a la falta de trabajadores en sus puestos, los aviones podrían haber seguido volando el viernes pasado, "aunque no en las mismas condiciones". Cabo exigió al Ministerio de Fomento que asuma su responsabilidad por haber ordenado el cierre del tráfico aéreo.

Aunque los 12 trabajadores que fueron citados ayer en la Audiencia Provincial de Madrid se negaron a declarar, Cabo aseguró en los juzgados que los controladores habían "acudido a la llamada de la fiscalía para asumir las responsabilidades compartidas en lo ocurrido el viernes".