Fueron sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo por celebrar supuestamente sendas juergas con presas que estaban bajo su custodia. Ahora, ambos están a punto de volver a trabajar en la cárcel madrileña donde saltó el escándalo. Los dos funcionarios que fueron expedientados el pasado mes de abril uno por salir de prisión en su horario de trabajo para adquirir alcohol que consumió posteriormente con internas y el segundo por entrar de noche en una celda que ocupaban dos reclusas se reincorporarán en los próximos días al trabajo. Y lo harán en el mismo centro donde se produjeron los hechos, el Centro Penitenciario para mujeres Madrid-I, situado entre las localidades de Alcalá de Henares y Meco.

Así lo desveló ayer el que fuera entonces director del centro, José Luis Cuevas, durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra otro funcionario de prisiones, este acusado de abusar sexualmente de una interna hace más de cuatro años en la misma prisión. Pese a que el escándalo que provocó su cese no era el objeto del juicio, Cuevas aprovechó su comparecencia ante el tribunal para denunciar que mientras él había sido cesado por dicho escándalo, y pese a que había denunciado aquellos hechos, los dos presuntos autores de las juergas 'están ya reintegrados en el centro'.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias negaron ayer a Público que ambos se hayan reincorporado ya a la cárcel de mujeres, como había afirmado el ex director, aunque confirmaron que sí lo harán en los próximos días.

Según estas fuentes, el reingreso de uno se producirá el próximo 13 de octubre y el segundo, 11 días más tarde, el 24. Ambos cumplirán en esas fechas los seis meses de suspensión de empleo y sueldo que en su día les impuso con carácter preventivo la máxima responsable del departamento, Mercedes Gallizo. 'No se puede prolongar más salvo que se haya abierto una causa penal por estos hechos y, de momento, no nos consta que ningún juzgado lo haya hecho', añadieron estas fuentes, que recalcan que Instituciones Penitenciarias envió toda la información del caso a la fiscalía por si veía indicios de delito.

Por su parte, fuentes sindicales aseguraron a este diario que al menos uno de los funcionarios ya se había pasado por la prisión. Según estas fuentes, el expediente sigue su lento proceso y el instructor del mismo hizo recientemente la propuesta de cargos para que ambos sancionados puedan hacer alegaciones.

Estos representante sindicales recalcan que en dicha propuesta no se hace referencia a ningún delito de abuso sexual o de acoso a presas, y que los cargos se limitan a lo que califican de 'acusaciones satélites', como haber salido del centro en horario de trabajo o tener exceso de confianza con internas.

Ya en su día, la propia Gallizo reconoció publicamente que no se habían hallado pruebas de tráfico de drogas o de sexo con reclusas.