Es un paso hacia la transparencia, pero no el paso.

Desoye las propuestas más ambiciosas de PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, pero supera los deseos más conservadores, abanderados por PP y CiU. Los ciudadanos podrán conocer, a partir de septiembre, las rentas y bienes de los diputados y senadores -no sólo sus segundas actividades, como ahora-, pero se mantendrán ocultos los datos de su entorno familiar inmediato. Esta información se colgará en la web del Congreso y el Senado una vez que se aprueben las iniciativas que acordaron ayer sus presidentes para reformar el régimen de actividades de los parlamentarios y acabar con los supuestos 'privilegios' que denunció el PP como broche a su convención política de enero.

Las recomendaciones de los presidentes del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, que afectan también a las pensiones e incompatibilidades de los parlamentarios, copian  -el pionero fue el de Castilla-La Mancha- y exoneran al entorno familiar de los políticos de mostrar sus bienes y renta, como solicitaen materia de transparencia un uso que muy pocas cámaras autonómicas aplicanba, con especial concreción, el PSOE.

'Es preciso acometer los cambios necesarios para la publicación plena de las rentas e ingresos obtenidos por cualquier concepto, así como del patrimonio preciso y participaciones en sociedades o personas jurídicas, de cualquier tipo. Todo ello referido al parlamentario y a la unidad familiar del mismo', propuso el portavoz socialista, José Antonio Alonso, a requerimiento de Bono.

Sin embargo, en los últimos días, como informó Público el 6 de junio, el presidente del Congreso detectó falta de consenso político en torno a esta transparencia extendida a los familiares de los parlamentarios. Para engrasar el acuerdo, su propuesta descafeína la audacia de aquellas formaciones que, como la del propio Bono, pedían un valor añadido que los distinguiera de los grupos más timoratos, como CiU o el PP, especialmente prudentes en sus propuestas.

El texto que entregaron ayer Bono y Rojo a los portavoces parlamentarios, tras reunir a las mesas del Congreso y el Senado -el órgano que gobierna cada Cámara-, incorpora también la recomendación de 'extremar el rigor' en la aplicación de las incompatibilidades a diputados y senadores. Ahora se conceden de forma genérica y con alegría, según admiten casi todos los afectados, salvo los más beneficiados por la elasticidad de la ley -aquellos que acumulan más tareas extraparlamentarias y mejor remuneradas-.

En este capítulo, la propuesta de Bono y Rojo incorpora únicamente la recomendación de 'extremar el rigor en la concesión de la compatibilidad' a diputados y senadores, aunque no considera necesaria 'una reforma normativa'.

Los presidentes del Congreso y el Senado recomiendan, además, que este criterio de rigurosidad se extienda 'a la totalidad de cargos públicos' y al personal eventual de confianza que orbita alrededor de los dirigentes políticos. Es el apunte más novedoso al hilo de una materia en la que la ley, según sostienen Bono y Rojo es suficientemente exigente, aunque esa misma ley haya permitido hasta ahora abusos como los que, paradójicamente, se pretenden evitar ahora.

Por esta razón, es aquí donde algunos grupos incidieron en las únicas críticas, muy veladas, al borrador conjunto. Así, el portavoz de ERC, Joan Ridao, consideró 'excesivamente voluntarista' limitarse a cumplir con rigor las incompatibilidades en los términos que fija la Ley Electoral. Los republicanos sí desean cambios normativos para garantizar la dedicación plena al escaño, igual que planteó el responsable del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka.

La carta de recomendaciones de Bono y Rojo enumera como tercer apartado varias propuestas para modificar el régimen actual de pensiones parlamentarias. La más relevante elimina, sin carácter retroactivo, el complemento de pensión que perciben en la actualidad 81 parlamentarios ya jubilados y que les permite cobrar la pensión máxima. Las Cortes desembolsan una media de mil euros cada mes por cada parlamentario.

El PP se detuvo en este punto -ejemplo de 'privilegio', según denostó en su día- para valorar la síntesis de iniciativas redactada por los presidentes de las Cámaras. Tienen su bendición, lo que garantiza un recorrido parlamentario rápido y fluido. 'Son unas propuestas razonables que incrementan la transparencia y equiparan a los parlamentarios al resto de los trabajadores en materia de pensiones', señaló la portavoz conservadora, Soraya Sáenz de Santamaría.

Su homólogo ayer, Eduardo Madina, -que actuó de forma interina en sustitución del portavoz, José Antonio Alonso, que debe guardar reposo al menos una semana después de haber sido dado de alta ayer tras de permanecer ingresado a consecuencia de un ictus-, también juzgó 'razonables' las ideas 'muy equilibradas' de ambos presidentes. Madina aludió a estas futuras modificaciones como una 'reforma de las condiciones laborales de los diputados'. No fue un gesto gratuito. Siguió la indicación sobre la que incidieron varios diputados de la bancada del PSOE en su reunión semanal, en la que pidieron a la dirección del Grupo Socialista que se esfuerce en explicar las reformas para evitar que cale la idea de 'privilegios' en la clase parlamentaria. Ellos acuñaron la expresión 'modificación en sus condiciones laborales' aplicada a los parlamentarios.

Transparencia: Bienes y rentas colgados en la web

Será el cambio más visible y quizá el primero que se materialice. La propuesta que firman los presidentes del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, pide 'modificar en junio de 2011, mediante proposición de ley de todos los grupos', la Ley Electoral, que consagrará el 'carácter público' del Registro de Intereses. La formulación actual exceptúa los bienes patrimoniales de esta transparencia.

'La iniciativa se tramitará inmediatamente por procedimiento de lectura única en junio o julio', recoge la propuesta. Este mecanismo agilizador permite que todos los actos parlamentarios necesarios para la aprobación de una ley se celebren en el Pleno sometidos a un único debate.

'Antes de agosto', el Congreso y el Senado modificarán los acuerdos ahora en vigor 'con el fin de que en septiembre de 2011 las páginas web de las Cámaras contengan las declaraciones de bienes patrimoniales y rentas de los parlamentarios'. No cita a su entorno familiar inmediato.  

Incompatibilidades: El ‘cambio' se limita a aplicar la ley ya vigente

'No parece necesaria una reforma normativa, ya que el tenor literal de la Ley es tan claro y exigente que no se adivina cómo puede proclamarse más radicalmente la incompatibilidad de lo que hace actualmente nuestro organismo jurídico', explica la propuesta de Bono y Rojo.

La Ley que citan es la LOREG, la Ley Electoral, que señala que 'el mandato de diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta (...) y será incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad'. La ley establece que las Cámaras pueden aprobar excepciones.

'Actualmente las excepciones han perdido su naturaleza para transformarse en una suerte de regla general no querida originalmente por el legislador', admite el documento.
En estas circunstancias, Bono y Rojo piden que 'se siente una nueva doctrina para hacer efectivo el principio legal de dedicación absoluta', mandatado por la ley, 'evitando resoluciones genéricas o con motivación no ajustada en cada caso particular'.

Pensiones: Fin del complemento de mejora

Las recomendaciones de los presidentes del Congreso y el Senado abogan por 'la eliminación del complemento de pensión' que perciben en la actualidad 81 diputados. Esta mejora, que se percibe al alcanzar la edad de jubilación, se estableció originalmente para garantizar la pensión máxima a los parlamentarios que no pudieron cotizar durante la dictadura, pero se ha extendido en el tiempo.

'Se publicarán en el ‘Boletín Oficial de las Cortes Generales' y en la web todas las percepciones otorgadas al amparo del Reglamento', establecen las recomendaciones.
El documento plantea 'la entrada en vigor inmediata de las anteriores disposiciones bajo el principio general del mantenimiento de los derechos ya adquiridos'.

Además, Bono y Rojo plantean que 'la indemnización mensual por cese -los parlamentarios no cobran paro- será incompatible con cualquier trabajo remunerado del parlamentario cesante. También será incompatible con el cobro de pensión'.