El estado de alarma ha provocado la enésima bronca entre el PSOE y el PP. Se piense lo que se piense sobre la legitimidad, legalidad y hasta elegancia de los actos de los controladores, lo cierto es que el plante-motín del 3 de diciembre fue un acto irresponsable que dañó seriamente los intereses generales del país y los particulares de cientos de miles de ciudadanos. Fue un desastre, y no natural sino social.

No apoyar al Gobierno en esta circunstancia es otra irresponsabilidad que el PP no puede permitirse. No se opone, pero tampoco apoya. Una posición ambigua y un mal menor; opción que la derecha escoge por resentimiento, al darse cuenta de que el Gobierno y el PSOE tienen aquí ganada a la opinión pública y en un rol típicamente conservador: es el 'partido del orden' frente a los conservadores, que ahora aparecen como el 'partido del apaciguamiento', la cesión al chantaje y responsable último de la inaceptable conducta de los controladores.

El plante dañó seriamente los intereses generales del país

La renovación del estado de alarma provoca aún más iras porque es indeseable pero inevitable. Los controladores hacen saber que el 85% garantiza el servicio y que no habrá huelga si se retira el estado de alarma, prueba de que escuece. Es de no fiarse. Habría que saber de qué puede ser capaz el 15% restante; quizá de impedir el trabajo del otro 85%.

Además hay que recordar que los controladores no suelen hacer huelgas. Emplean argucias y artimañas como trabajar a reglamento, bajas médicas, etc. ¿Hay garantía frente a todo eso? ¿Cómo? ¿Bajo palabra?

Se admitirá que quienes interpretaron el conflicto como uno por del derecho de huelga amenazado manu militari erraron el blanco largo y tendido. Nadie hizo uso del derecho de huelga, como no se ha hecho en muchas otras ocasiones.

Quien pueda herir a un bien público tiene un gran poder en su mano

Y esto ya sin mencionar que el derecho de huelga tampoco es absoluto. No es lo mismo hacer huelga frente a un empresario privado, causando un daño mayor o menor a la empresa en su conjunto, que hacerla frente a otro público y, de paso, causar un daño considerable al bien común y al conjunto de la ciudadanía, a la que se priva ilícitamente de un derecho tan fundamental como el de huelga que es la libertad de circulación. Quien pueda causar un daño a un bien público tiene un enorme poder de extorsión en su mano. Precisamente, por ello, debe usarlo con moderación. Y no ha sido el caso.