La Rioja, comunidad gobernada por el PP, ha planteado al Gobierno vasco (PSE) que los hospitales de Euskadi practiquen hasta 500 intervenciones de aborto a mujeres riojanas cada año como una de sus condiciones en las negociaciones mantenidas para reanudar la atención sanitaria a los 10.000 habitantes de La Rioja Alavesa (País Vasco).

El conflicto, suscitado en septiembre por la decisión unilateral de La Rioja de suspender dicho servicio, registró un punto de inflexión, después del golpe en la mesa dado la víspera por el Gobierno vasco al romper la negociación y exigir, además, la intervención del presidente del Gobierno electo, Mariano Rajoy, para que obligase al presidente riojano, Pedro Sanz (PP), a reanudar la atención sanitaria a La Rioja Alavesa.

El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa (PSE), se puso por la mañana en contacto con su homólogo riojano, José Ignacio Nieto, para ver el modo de retomar los contactos. Las fuertes presiones recibidas desde la dirección del PP y del Ministerio de Sanidad, que mandó un requerimiento oficial a La Rioja para que reanude la asistencia sanitaria a los alaveses que viven en localidades limítrofes, llevaron finalmente al Ejecutivo riojano a dar un paso atrás y aceptar negociar desde cero con el Gobierno de Patxi López. Así, durante el fin de semana ambas autonomías se intercambiarán nuevos documentos con la perspectiva de llegar a un acuerdo inicial este mismo lunes para que, en primera instancia, el Gobierno riojano reanude de inmediato la atención sanitaria a los 10.000 habitantes de La Rioja Alavesa, suspendida desde septiembre.

Ambas autonomías se emplazan a seguir negociando el próximo lunes

Una vez recuperado el servicio, ambas comunidades buscarían un acuerdo definitivo de colaboración para el tratamiento recíproco de pacientes de La Rioja y La Rioja Alavesa en sus respectivos centros de salud. La Consejería vasca de Sanidad rechaza que haya contraprestaciones económicas. Hasta ahora, había funcionado un sistema de intercambio, en virtud del cual Osakidetza atendía a pacientes de La Rioja que necesitaban tratamientos especializados y cirugías que requieren una elevada complejidad.

En plena crisis del conflicto, y cuando aún se desconocía el acercamiento de posturas, el lehendakari, Patxi López, señaló por la mañana que una de las exigencias planteadas por el Gobierno riojano en la negociación radicaba en que los hospitales vascos asumieran hasta 500 intervenciones de interrupción de embarazos al año a mujeres riojanas.

'Parece que no le gusta que las mujeres de su comunidad puedan abortar tal y como recoge la Ley. Y como legalmente no puede impedirlo, quiere, al menos, que no lo hagan en su territorio. Sólo así se entiende que haya pedido al Gobierno vasco que realice anualmente 500 interrupciones del embarazo de mujeres riojanas en hospitales de Euskadi', dijo.

El presidente riojano admitió que la petición de abortos estaba en la negociación, pero la justificó con este argumento: 'Los médicos de La Rioja se acogen a la objeción de conciencia para no practicar abortos, con lo que el Gobierno de La Rioja debe buscar acuerdos con clínicas privadas u hospitales para que se hagan. Y los tenemos que pagar. Como en el País Vasco hay hospitales que efectúan este tipo de intervenciones, planteamos que, en vez de pagar por estas operaciones, se hicieran en el País Vasco como parte de las compensaciones económicas por la atención sanitaria a los vecinos de Álava'.

Patxi López aseguró, por otra parte, que no piensa suspender en ningún caso la atención sanitaria a habitantes de Cantabria, Castilla y León y Navarra: 'No vamos a incurrir en prácticas insolidarias'. El lehen-dakari quiso aclarar así la postura de su Gobierno después de que la víspera el consejero vasco de Sanidad plantease 'redefinir' la relación sanitaria con estas tres comunidades si el líder del PP no obligaba a Sanz a corregir su postura.

Patxi López afirma que seguirá dando atención a pacientes de otras autonomías

Por su parte, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que ya había pedido a mediados de noviembre a La Rioja que reanu-dara la atención a los alaveses, requirió por segunda vez al Gobierno de Sanz que rectifique. En el Ministerio consideran que las instrucciones del Gobierno riojano por las que se niega esa asistencia sanitaria pueden conculcar la legalidad vigente y, en concreto, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión sanitaria.

En este contexto, si el Gobierno de La Rioja no soluciona la situación en el plazo de un mes, el periodo establecido para casos como este por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Gobierno central podría denunciar al riojano ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por dejar desasis-tidos a los citados ciudadanos, algo sin embargo poco previsible una vez tome posesión el Gobierno del PP.