El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz seguirá adelante con la investigación de las torturas en la base estadounidense de Guantánamo. Ayer, una vez que la Sala de lo Penal le certificó que el recurso presentado por el fiscal contra su procedimiento ha sido archivado aunque no se conozca en su integridad, dictó dos autos.

En uno solicita a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la de Inmigración que estudien la concesión de residencia temporal en España al ciudadano marroquí Lahcen Ikassrien, una de las cuatro víctimas personadas en la causa, en situación de precariedad y prisionero de un limbo jurídico al no poder retornar a su país. En el otro, rechaza la pretensión de dos organizaciones de derechos humanos para personarse, aunque al Center for Constitucional Rights de Nueva York le pide que en un mes aporte los poderes de las víctimas de los malos tratos que representa.

Su decisión contrasta con la adoptada el pasado miércoles por el magistrado Eloy Velasco. El juez acordó rechazar la querella presentada contra los asesores del expresidente de Estados Unidos George Bush para diseñar el andamiaje jurídico necesario para permitir los interrogatorios 'reforzados' puestos en práctica en varios centros de detención y, sobre todo, en Guantánamo.

El juez Velasco lo archivó, al entender que EEUU ya investigaba los hechos. Con el juez Ruz, esos procesos, administrativos y penales, no tienen por qué tener repercusión. Sólo las investigaciones abiertas en suelo americano por las víctimas que han denunciado en España.