El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz viajó ayer a París para continuar investigando el soplo a una red de extorsión de ETA el mismo día en que iba a ser desarticulada. Entre las entrevistas que tenía previsto mantener figuraba una con su colega francesa Laurence le Vert, quien dirigía la parte francesa de la operación conjunta que se desbarató aquel 4 de mayo de 2006, informaron fuentes del caso.

La reactivación del caso Faisán se produjo a raíz de que fuera satisfecha el pasado enero la última diligencia pendiente de las ordenadas por Baltasar Garzón antecesor de Ruz: un informe de Le Vert sobre el chivatazo. Tras recibirlo, el juez Ruz declaró secretos nueve folios de los más de 600 que tiene el citado informe. En esas nueve páginas aparece recogida una parte de las actas levantadas por ETA durante el último proceso de paz. En la misma, los terroristas afirman que un emisario del Gobierno español exhibió el soplo como una muestra de buena voluntad del Ejecutivo.

Por este motivo, el juez ha llamado a declarar a los emisarios del Ejecutivo en aquellas conversaciones y a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de la época, en una parte de la causa que mantiene secreta.

El otro punto que estaba previsto abordar por Ruz en su entrevista con Le Vert se centra en los motivos que llevaron a las autoridades francesas a desistir de efectuar la operación. Según se conocía hasta ahora, los últimos datos que obtuvo la Policía el 3 de mayo sobre la entrega de nueve millones de pesetas entre miembros de la red de extorsión fueron enviados de urgencia a París, pero sin traducir, como marca el acuerdo para la constitución del Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

El desconocimiento de los mismos por parte de Laurence le Vert motivó que la jueza se negara a ordenar las detenciones en suelo francés, a lo que siguió un episodio de tensión entre los responsables policiales y judiciales de uno y otro país, siempre según la citada versión.