Satisfacción entre los vecinos ante el cese de los derribos

Con alegría, pero con ciertas dosis de prudencia. Así se vivió ayer en el barrio marinero de El Cabanyal la decisión del Tribunal Constitucional de suspender los derribos. La segunda en un mes. Los miembros de Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a las demoliciones y aboga por la rehabilitación del lugar, emitieron un comunicado en el que aseguraron estar "satisfechos y tranquilos", aunque cautos ante la posibilidad de que el PP utilice nuevos resquicios legales para abrir otra vez paso a las excavadoras.

"La semana pasada, ya demostraron que están por encima de la ley", aseguró Faustino Villora, miembro histórico de Salvem, en referencia a las violentas cargas policiales que dejaron decenas de heridos, diputados autonómicos de la oposición incluidos. El propio Villora también resultó magullado en la trifulca.

Por su parte, la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, consideró que la paralización de las demoliciones es "una magnífica noticia que abre un nuevo tiempo de esperanza para la rehabilitación del barrio". En ese sentido, instó a la alcaldesa, Rita Barberá, "a reflexionar y escuchar a los vecinos para consensuar un nuevo plan respetuoso con el patrimonio valenciano".

La decisión del Constitucional subraya la vigencia de la Orden que emitió el Ministerio de Cultura el 29 de diciembre y que apunta en dos direcciones: suspender los derribos y acometer la rehabilitación del barrio. "Si el ayuntamiento no actúa en El Cabanyal y deja que se caiga, caería en la misma ilegalidad que demoler edificios", argumentó Villora.

Paralelamente, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, aseguró sentirse emocionada "porque la razón cae del lado de quienes nos pusimos delante de las máquinas y no al contrario". Oltra explicó que "la rápida respuesta del Constitucional se debe a la alarma social que han generado las cargas policiales". Un hecho por el que Compromís ha denunciado a Alfonso Grau y Miguel Domínguez, concejales de Grandes Proyectos y de Seguridad Ciudadana, respectivamente, y por el que exige el cese del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, cuestionado en las filas del PSOE.