El sector de la dependencia está en pie de guerra

El sector de la dependencia catalana dice basta. Profesionales de las residencias geriátricas, centros de día, tele asistencia y ayuda domiciliaria están desde el 6 de abril en huelga indefinida. Ayer por la tarde se reunieron los sindicatos con la patronal en lo que fue el segundo encuentro, mediaba la conselleria de Trabajo, para acercar posiciones. 

Hasta el momento, las posturas eran irreconciliables y la primera reunión resultó un fiasco. Al cierre de esta edición las posturas continuaban muy alejadas. "Todos estamos de acuerdo al decir que los sueldos son bajos, pero un incremento del 36% para el año que viene es inadmisible", afirma Ignasi Aletà de la patronal ACRA (Asociación catalana de Recursos Asistenciales).

UGT, el sindicato convocante del paro, pide que el salario mínimo sea de 1.000 euros (algo que, de momento, se da en pocos casos), y que los empresarios apuesten por la formación de los trabajadores. El sector sufre escasez de profesionales desde hace ya tiempo y UGT prevé que en los próximos cuatro años se necesitaran 10.000 trabajadores.

Una de las reivindicaciones más firmes de los trabajadores del sector de la dependencia es la firma de un convenio autonómico. En este punto, CCOO, aunque firmara el convenio estatal, está de acuerdo con UGT. "No es lo mismo vivir en Aragón o Extremadura que en Catalunya. La realidad socioeconómica es distinta", afirma Luisa Montes de CCOO Catalunya, quien también advierte de que la huelga indefinida no resulta ser la mejor solución.

Según UGT el convenio estatal es una estafa porque no sólo no aporta mejoras sino que perjudica al sector. "No existe mejora para las bajas por enfermedad común ni accidente laboral y en las funciones del gerocultor se incluye poder realizar pruebas de glucosa y administración de medicamentos por vía subcutánea en ausencia de la enfermera", explican fuentes sindicales.

"Es un sector muy poco valorado", afirma Montse Vidal, una enfermera que trabaja en un geriátrico. Ella explica que las cargas físicas y emocionales que el sector tiene que soportar no están compensadas por unas condiciones profesionales dignas ni por el reconocimiento social.