El segundo número de móvil que el juez Pablo Ruz ha ordenado identificar dentro del caso Faisán es utilizado por un inspector jefe de la Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), según revelaron a Público fuentes policiales. El agente ya trabajaba en el órgano de coordinación cuando se produjo el intercambio de llamadas entre ese número y el del jefe superior de Policía del País Vasco imputado en la causa.

Ambos policías son amigos desde hace más de 25 años, de la época en la que coincidieron en unidades antiterroristas en el País Vasco. Sus teléfonos contactaron cuatro veces el 4 de mayo de 2006, día del soplo, y una más la jornada previa.

El inspector jefe lleva seis años en el Centro de Coordinación Antiterrorista

Ruz ha pedido a Interior que identifique tres números que contactaron con los de los imputados en el supuesto chivatazo a una red de extorsión de ETA. El primero ha pertenecido al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y fue usado para hablar con el director de la Policía Víctor García Hidalgo, subordinado suyo, la víspera del soplo y en fechas posteriores. García Hidalgo, imputado en la causa, utilizó tres teléfonos.

El policía del CNCA que utiliza el segundo móvil que busca Ruz trabaja como analista de ETA, pero al igual que el resto de agentes de Policía, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia (CNI) allí destinados no tiene responsabilidades sobre las operaciones antiterroristas. El CNCA, con sede en Las Rozas (Madrid), fue creado por el Gobierno socialista para corregir la descoordinación entre distintos cuerpos, tanto en materia de terrorismo islamista como de ETA. Los analistas del CNCA, como el inspector jefe aludido, recopilan información sobre la amenaza terrorista y emiten informes para que el Gobierno elabore una estrategia eficaz.

Ruz también se interesa por un tercer número, de línea fija, que corresponde a la centralita de Interior. La titularidad de los tres números es de la subsecretaría, que gestiona todos los teléfonos corporativos. El juez también pregunta por qué los investigadores no incluyeron estas identidades en su informe de acusaciones.