Seis imputados se lucran aún con los impuestos de todos

La trama Gürtel era una gigantesca máquina transformadora de dinero público en multimillonarios intereses únicamente privados. El pasado jueves, Luis Bárcenas, ex tesorero de Rajoy, anunciaba en un comunicado su baja temporal del PP: "Al adoptar esta decisión, quiero dejar constancia del daño irreparable que se nos ha hecho a mi familia y a mí" se lamentaba. Pero duelos con pan son menos, y el suyo lo gana todavía con la harina que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos. Y ese pan se amasa y se cuece en el horno del PP.

El senador por Cantabria Luis Bárcenas, así como el diputado por Segovia Jesús Merino, abandonaron el 8 de abril el partido de Rajoy, pero no sus escaños. Siguen siendo miembros del Grupo Parlamentario Popular con todo su sueldo y honores. Su calidad de aforados les garantiza, además, una alfombra roja ante la puerta del Tribunal Supremo en lugar de la gatera por la que acceden a la Justicia el resto de ciudadanos. El paraguas del PP en el Parlamento los permite percibir cada mes 3.126 euros brutos que se suman a una asignación neta de 1.823 por su condición de parlamentarios de circunscripciones distintas a Madrid. Bárcenas y Merino siguen recibiendo así dinero de las arcas públicas 4.000 euros netos mensuales y dos pagas extras, independientemente de su imputación por varios delitos de corrupción, entre los que figura el fraude fiscal.

El PP acoge en su grupo a Bárcenas y Merino, y repudia a los diputados de Aguirre

Según documentos incorporados al sumario del caso Gürtel, el ex tesorero Bárcenas ocultó 1.330.000 euros recibidos en sobornos y el diputado Merino se embolsó 8,44 millones de euros por asesorar a una docena de empresas que optaban a contratos públicos en Castilla y León, comunidad de la que fue vicepresidente hasta 1999.

En una situación similar a la de los dos representantes del PP en las Cortes Generales se encuentran los tres diputados que, manchados también por la corrupción, dejaron en el grupo conservador en la Asamblea de Madrid, pero tampoco su escaño. Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch no obedecen desde octubre de 2009 las órdenes de Esperanza Aguirre, pero eso no impide que perciban del Parlamento regional 3.808 euros mensuales en 14 pagas. El partido de Rajoy y Aguirre los acomodó en su escaño, mullido gracias a los tributos públicos, sin que haya impedido legalmente no puede que estos actores principales de la trama Gürtel dejen de lucrarse gracias al dinero de todos.

Su relación con Hacienda no se rige sin embargo por el principio de la simetría. Un informe de la Agencia Tributaria calcula en más de 430.000 euros el dinero que los tres imputados madrileños deben al fisco por el dinero que recibieron de la trama, casi un millón de euros. Caprichos del calendario, el grueso del sumario del caso se hizo público al día siguiente de abrirse la campaña de la Renta.

El caso de Sepúlveda es llamativo: los conservadores aún le pagan como asesor

Bárcenas, Merino, López Viejo, Martín Vasco y Bosch no son los únicos imputados que, a pesar de burlar al Estado escondiéndose de Hacienda, según la investigación, se sirven de los impuestos para mantener engrasadas sus cuentas privadas. La trama ahora descubierta nació en 1996 al calor del dinero que gastaba el PP y los fondos públicos alimentan las arcas del partido de Rajoy y del resto de formaciones al menos en un 90%, ya que la ley limita las aportaciones particulares al 10%.

El Estado asigna al Partido Popular 35,7 millones de euros 34 millones para su funcionamiento ordinario y 1,7 para su seguridad. Buena parte de este dinero, sembrado por el esfuerzo fiscal conjunto, se emplea en pagar las nóminas de los empleados del PP. Uno de esos asalariados de Rajoy está imputado en la trama Gürtel: el ex alcalde del municipio madrileño de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que trabaja en la sede conservadora como asesor sin un área concreta y con una retribución que el PP no comunica, a pesar del requerimiento de este diario, y de que la matriz de ese salario es pública.

Sepúlveda percibía casi 100.000 euros anuales en su anterior obligación. ¿Ha menguado su caché?

Es una pregunta que el PP elude, igual que Rajoy no se atrevió a aclarar el pasado jueves otro interrogante. ¿Seguiría pagando la defensa del imputado Bárcenas? Lo hizo hasta el pasado sábado, cuando el ex tesorero anunció que se "haría cargo" esta costosa factura.

Varias fuentes jurídicas coinciden en que el letrado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría percibir entre 350.000 y medio millón de euros por su trabajo durante la fase de instrucción. Si Bárcenas se hubiese sentado en el banquillo, la minuta que costeó hasta ahora el PP con dinero público hubiese ascendido al millón de euros. Una paradoja cierra este círculo: fondos con origen en la Hacienda pública han servido para defender a quien está acusado de estafarla.

En este capítulo de las defensas gratis total cabe hacer memoria. Cuando Rodríguez Zapatero asumió la dirección del PSOE en el año 2000, ordenó a su partido que dejara de costear el abogado de algunos implicados en costosos procesos judiciales ligados a la etapa socialista de Felipe González como Rafael Vera, José Barrionuevo y José Luis Corcuera.