“Impropia de la democracia, un desprecio al Parlament y un agravio hacia Catalunya”. Así ha calificado el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Joan Ribó, la actitud del Gobierno central, que hoy le ha prohibido la entrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Según denuncia Ribó, el jefe policial del CIE recibió órdenes de sus superiores (el centro depende del Ministerio de Interior) de no dejarle pasar a visitar el centro en el que murió un senegalés el pasado mes de enero. “Recibimos distintas quejas del trato que reciben los internos, pero no las podemos comprobar porque no nos dejan”, declaró Ribó a Efe. “El Gobierno no tiene nada que ocultar en la gestión de los CIE”, respondió, por su parte, la Delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna, en un comunicado. “En consecuencia, no tendría ningún inconveniente en mostrar las dependencias a representantes de Naciones Unidas si así lo solicitan”, añadió De Luna.Para la Delegación del Gobierno, el Síndic no tiene competencias para “intervenir en órganos de la Administración General del Estado”. “El Síndic de Greuges se limita a la administración autonómica y local en Catalunya”, aseguró De Luna, que pidió a Ribó “respeto institucional y competencial”.Ribó asegura que la Ley del Síndic sí le autoriza a investigar las instalaciones Ribó, en cambio, considera que no debe pedir permiso para entrar en el CIE porque sí tiene competencias para ello según la Ley del Síndic , aprobada por el Parlament de Catalunya en diciembre de 2009. Según el artículo 3.3 de dicha normativa, “el Síndic de Greuges, en el cumplimiento de su función de protección y defensa de los derechos y libertades, puede dirigirse a todas las autoridades, todos los órganos y todo el personal de cualquier administración pública con sede en Catalunya”. Además, el artículo 59 insiste en este concepto: “El Síndic de Greuges puede solicitar la colaboración de la Administración general del Estado en Catalunya en las actuaciones que lleve a cabo en ejercicio de sus competencias”, reza el documento.Aun así, Ribó comunicó con anterioridad al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la propia Delegada del Gobierno su visita al centro. Y, aunque De Luna le advirtió que no le dejarían entrar porque “todo estaba bien” (siempre, según el testimonio de Ribó), decidió intentarlo igualmente. El Síndic de Valencia sí pudo visitar las instalaciones de su comunidadEl Síndic también recordó que, como Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, tiene “el derecho y el deber” de poder inspeccionar el centro de internamiento y consideró un “agravio” contra su comunidad que el Síndic valenciano sí pudiera visitar el CIE de Valencia y él no el de la Zona Franca. La Delegación del Gobierno, por su parte, insistió en que dichas instalaciones están “mucho mejor de lo esperado”. Así lo certificaron, según De Luna, las delegaciones que recientemente visitaron el centro: un equipo de la oficina del Defensor del Pueblo y otro formado por dos jueces y un fiscal designados por la Junta de Jueces de Barcelona. Las relaciones entre el Defensor catalán y la Delegación del Gobierno se han enfriado A este respecto, Ribó argumentó que “es más fácil y más barato” hacer el control del buen funcionamiento del centro desde el Síndic que desplazar a una comitiva desde Madrid. Por otro lado, fuentes de su oficina lamentaron que se haya enfriado la relación entre el Síndic y la Delegación del Gobierno: “Siempre habíamos contado con su colaboración, incluso cuando las leyes antiguas no facultaban al Síndic tanto como la actual, pero ahora no estamos encontrando esa colaboración”.Por último, De Luna recordó que el Ministerio de Interior está elaborando un nuevo reglamento en el que se tendrá en cuenta a las ONG en la gestión de los CIE. Mientras, Ribó anunció que denunciará la prohibición del Gobierno ante el Parlament de Catalunya y el Consejo de los Derechos Humanos de Europa en Ginebra.