Los sindicatos estudian extender las movilizaciones hasta octubre

Al calendario de movilizaciones ya establecido en Madrid donde hoy habrá una protesta frente a la Consejería de Educación y el día 14 se ha convocado una huelga, Galicia, con una manifestación el viernes en Santiago, y Andalucía con otra concentración el día 16, pueden sumarse en los próximos días más protestas contra los recortes en el área educativa.

Los representantes estatales del sector (CCOO, UGT, ANPE, CSIF y STES) se reunieron ayer por la tarde para determinar las nuevas medidas y, aunque no concretaron un nuevo calendario, sí plantearon extender las protestas al menos hasta octubre.

Los convocantes rechazan de momento llamar a una huelga general

Asimismo, la opción de que el resto de comunidades que han sufrido drásticos ajustes (Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya, entre otras) se sumen a las movilizaciones es más que probable, mientras que el planteamiento de una posible huelga general en toda España fue rechazada por varios de estos sindicatos.

Algo similar ocurrió ayer en Navarra, donde la Comisión de Personal de Educación (constituida por nueve organizaciones sindicales) se reunió para determinar sus propias medidas de presión a la Consejería. Allí también decidieron seguir estudiando la situación de los centros y esperar a que cada claustro decida qué medidas adoptar.

Hasta el momento, los representantes sindicales navarros sólo han programado empezar el curso, el próximo viernes, con una concentración frente a colegios e institutos. A partir del 14, además, no descartan "convocar algunas manifestaciones", señaló Expe Iriarte, del sindicato LAB y portavoz de la comisión navarra.

Madrid, Galicia y Andalucía mantienen sus movilizaciones

La Generalitat Valenciana, por su parte, anunció ayer un plan de ahorro que le permitirá, según aseguró el conseller de Educación, José Ciscar, no recortar en esta área. De momento, ni Primaria ni Secundaria sufrirán el tijeretazo, pero será a costa de aplazar pagos pendientes a las universidades.

Esta medida, pactada con los rectores, permitirá al Gobierno valenciano ahorrar 132 millones de euros en el último trimestre de este año. La Generalitat introducirá un cambio en un convenio firmado con las universidades en 2008, por el que la consejería se comprometía a pagar una anualidad desde ese año hasta 2022.

La modificación permitirá que la cuota correspondiente a 2011 quede, de momento, sin satisfacer. El pago se fraccionará y se sumará a las anualidades siguientes o bien se realizará en 2023. "Con ese aplazamiento aliviamos las arcas públicas para atender otros pagos que en estos momentos pueden ser más perentorios", explicó ayer Ciscar.