Los sindicatos llevarán al TC su guerra con Aguirre

El Consejo Económico y Social (CES) tiene de plazo hasta este miércoles para elaborar el informe sobre el anteproyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2011. Un texto que ya ha sido tildado de "inconstitucional" por los sindicatos, que ven cómo se "liquidan" sus derechos. Mientras los representantes de UGT y CCOO en este órgano ultiman sus observaciones y desglosan la letra pequeña, sus departamentos jurídicos trabajan paralelamente a fin de articular la respuesta que darán a esta iniciativa en los tribunales. Su principal baza pasa por demandar al Gobierno central que impugne la norma regional.

Así lo confirmaron hoy fuentes de ambas organizaciones sindicales que consideran "totalmente factible" que el Ejecutivo presente ante el Tribunal Constitucional (TC) "un conflicto de competencias". "Los planes de la Comunidad son los de suspender los convenios colectivos. Y las comunidades autónomas no tienen competencia en materia de derechos laborales", justificaron desde UGT.

Entre otros aspectos, el plan de ajuste de Esperanza Aguirre pretende reducir el número de liberados sindicales recortando las horas mensuales de representación sindical de 75 a 40. Supone, en definitiva, la supresión de los derechos que los representantes de los trabajadores han ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. "Son derechos firmados por consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre", denuncian desde UGT. Además, critican que el Gobierno regional haya tomado como referencia las 75 horas, cuando este total mensual para representación sindical es algo "excepcional" en la Comunidad. "Esto sólo afecta a quienes trabajan en macrocentros", explican las mismas fuentes.

En CCOO ven motivos para que el Gobierno central pida la suspensión cautelar de la ley no sólo en lo que a los recortes sindicales se refiere. También en la "descentralización voraz" por la que apuesta Aguirre. Otra de las iniciativas judiciales que barajan los sindicatos es la de denunciar cada acto administrativo que la aplicación de esta ley implique argumentando vulneración de los derechos fundamentales. Por ejemplo, una vez que la norma sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid aquellos liberados que dejen de serlo recibirán un requerimiento para que se incorporen a su puesto de trabajo. UGT y CCOO no descartan llevar estos "actos administrativos" a los tribunales.

Otra de las alternativas que los sindicatos tienen sobre la mesa es presentar un recurso de amparo ante el TC. Aunque no ocultan que es la vía "más lenta".

Paralelamente a esta ofensiva en los tribunales, las fuerzas sindicales ya han avanzado que ultiman un calendario de movilizaciones a fin de que el Ejecutivo regional retire la ley. El informe del CES será remitido este miércoles al Consejo de Gobierno. Una vez estudiado, el texto será enviado a la Asamblea para su tramitación parlamentaria. Los sindicatos prevén actuaciones el mismo día en que entre en vigor.