"La sociedad tiene que aceptar que a veces no se ha conseguido justicia"

Llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con un proyecto “basado en las personas”, con la intención de romper la imagen corporativa de los jueces y con el propósito de tender un puente con las instituciones y la ciudadanía para que cale la idea de la justicia como servicio público. Y en ello está. Lorenzo del Río (Jaén, 1956), que tomó posesión en diciembre, considera que la estructura organizativa de la justicia “no es buena”. Juez por “vocación”, pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria, de la que fue portavoz nacional. Dimitió de ese cargo en febrero de 2009, tras la convocatoria de huelga de los jueces, porque creía que antes de recurrir a ella debían cargarse de razón. Afable y políticamente correcto, el magistrado elude pronunciarse sobre causas judiciales en curso. Como manda el cargo.

Dijo en su toma de posesión que la situación de la Justicia no es satisfactoria. ¿Qué falla?

No es satisfactoria porque el volumen de ingresos de asuntos es muy alto y es difícil resolverlos con la actual plantilla. El año pasado ingresaron diez millones de asuntos en los órganos españoles, y en Andalucía, dos millones.

¿Se abusa de la Justicia?

Creo que sí, que hay un exceso de litigiosidad y un cierto uso abusivo. Eso se detecta porque hay abundancia de recursos que se plantean con ánimo dilatorio, muchos de ellos carecen de una argumentación sólida, son reiterativos y se refieren a materias que ya están muy unificadas por la doctrina o la jurisprudencia.

¿Achaca la saturación de los tribunales a ese abuso?

Es una parcela. La litigiosidad en España duplica la de los países europeos. Pero hay otros factores añadidos. La crisis ha golpeado a muchas jurisdicciones sociales.

¿Los casos de sospechas de corrupción política pueden influir en el aumento de la litigiosidad?

No creo que sea el detonante de que haya gran número de asuntos, aunque se están produciendo numerosas denuncias o querellas relacionadas con el ámbito de actuación política.

¿Cree que las reformas que plantea el Gobierno permitirán agilizar la Justicia?

Hay tres proyectos de reforma y todos parten de una filosofía que puede ser muy beneficiosa, sin perjuicio de que haya que ser críticos en algunos puntos ahora que están en estudio para ver los posibles fallos.

¿En qué ha avanzado la Justicia tras el ‘caso Mari Luz’?

Nos ha permitido ser conscientes de que es necesario una interconexión informática permanente entre todos los juzgados y, al mismo tiempo, entre todas las órdenes policiales, sea de detención o de busca y captura. Al mismo tiempo, somos conscientes de que hay un volumen de ejecutorias pendientes que necesita un control constante. Se ha avanzado a la hora de plantear la intercomunicación informática básica y plena entre juzgados porque el volumen de papel impide estar pendiente en el día a día.

Pero no existe ahora mismo.

No plenamente. Están conectados ciertos juzgados y tenemos programas que permiten la compatibilidad informática, que no existía, entre todos los juzgados de todas las comunidades. Queda mucho por avanzar para la intercomunicación plena.

¿Qué opina de la judicialización de la política?

Hay un exceso. Si alguien estima que debe haber una investigación sobre un asunto, ya sean particulares o la propia Fiscalía, no hay que decir nada contra eso, pero muchos asuntos llegan a los tribunales cuando podrían evitarse con una cierta autocontención. Me refiero a cuestiones incluso personales que pueden ser delitos contra el honor, de calumnias o de injurias. Lo que también puede haber es el uso como información periodística de un proceso penal que se está investigando. Eso quita sosiego en el trabajo judicial.

¿Se refiere al ‘caso de los ERE’, a la ‘trama Gürtel’...?

Cualquiera. No quiero decir que haya opacidad, en absoluto. Debe haber transparencia, pero no usando políticamente esos procedimientos de manera constante.

¿En víspera electoral aumentan las denuncias a cargos públicos?

No tengo constancia de eso.

¿Qué opina de la falta de colaboración con la Justicia de ciertos gobiernos autonómicos?

Parto de la premisa de que cualquier gobierno, cualquier particular o institución, debe colaborar plenamente y confiar en la Justicia si creemos en el Estado de derecho porque si no la institución no funciona.

¿Existe la independencia judicial?

Creo que sí. Lo vemos todos los días. El juez es libre de juzgar con arreglo a la ley. Yo siempre me he sentido libre. Nadie me ha dicho qué tengo que juzgar en un sentido u otro. Opino que todos los jueces son independientes y, el que no lo es, no es porque no pueda serlo sino porque no quiere.

¿Se puede sospechar desde un juzgado de instrucción que el Gobierno andaluz puede alterar las actas de los Consejos de Gobierno, como ha hecho Alaya?

Sobre eso no puedo dar mi opinión. No quiero hacer interpretaciones porque al final las valoraciones las hará la jueza.

¿Qué opina de los jueces estrella?

Siempre se ha dicho que el juez cuando mejor funciona es en la soledad del despacho y en la motivación de las resoluciones. Entiendo que el juez debe evitar ser en exceso mediático.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo Prada decía, a propósito de la causa contra Garzón, veía la profunda injusticia que puede ser la justicia. ¿Usted qué dice?

Es un asunto sub judice. Hay tres posibles procesos abiertos y yo no puedo decir si es justo o no porque lo decidirá el Supremo.

¿Qué planes tiene para combatir la mala imagen que tiene la ciudadanía de la Justicia?

Trato de transmitir la idea de que no hay que perder de vista que la justicia es un servicio público, que estamos gestionando intereses ajenos, de personas necesitadas. No podemos perder eso de vista a pesar de los déficits estructurales que hay, de los problemas de sobrecarga de trabajo. Lo más importante es que intentemos ser cercanos y que, dentro de nuestras posibilidades, luchemos por la mayor agilidad posible.

Hay sentencias que crean alarma social como la que absolvió de malos tratos al hombre que mató a su pareja en Pinos Puentes (Granada) porque el juez no creyó a la mujer.

La propia sociedad tiene que aceptar que en determinados momentos no se ha conseguido justicia y tiene que aceptar ese defecto del funcionamiento del Estado de Derecho. En ese caso sólo había prueba testifical, que fue lo que valoró el juez.