La llamada a ocupar simbólicamente el Congreso de los Diputados empezó a gestarse en pleno verano en los muros de Facebook y los buzones de correo electrónico de un grupo reducido de personas hartas de que fueran "siempre los mismos" los que tomaban las decisiones. Nadie sabía muy bien quiénes eran, algo que no tardaron en aprovechar la derecha mediática y algunos políticos conservadores para intoxicar la convocatoria.

La plataforma ¡En Pie!, absolutamente desconocida hasta la fecha, era la promotora de un manifiesto que llamaba a concentrarse en las inmediaciones del Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado y la iniciación después de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social bajo el paraguas de una nueva Constitución. 

Personas vinculadas al 15-M de Madrid irrumpieron entonces en escena. Compartían parte del fondo de la convocatoria, pero en ningún caso las formas. Criticaron su falta de transparencia, horizontalidad e inclusividad, conceptos considerados sagrados en las redes del movimiento de los indignados. Tampoco les convencía la idea de "forzar un proceso constituyente". Y decidieron crear una coordinadora –integrada principalmente por asambleas y colectivos ligados al 15-M– para "abrir" la convocatoria a la calle. 

Tras semanas de tiranteces, integrantes de los dos grupos admiten ahora que entre ambos hay algunos matices ideológicos que han intentado "dejar en casa" para salir "juntos" a la calle. En este tiempo también se han depurado los objetivos de la protesta y se ha empezado a hablar de "seguir profundizando en el proceso democrático desde la sociedad civil", una especie de eufemismo bajo el que realmente se quiere decir que al 25-M, como movimiento social, no le corresponde hacer una nueva Constitución, sino "poner el debate en la calle" sobre la necesidad de otro marco legal. 

Los convocantes admiten haber superados sus "diferencias ideológicas" para converger juntos

El núcleo duro de la plataforma lo componen antiguos militantes de partidos de izquierda –principalmente del PCE o IU–, afiliados a los sindicatos de clase desencantados con sus cúpulas o simpatizantes del SAT, la organización que lidera Juan Manuel Sánchez Gordillo y cuyas expropiaciones de alimentos en supermercados durante el pasado verano coparon un gran protagonismo mediático. Su forma de proceder también recuerda más a la manera de organizarse de los partidos clásicos. Aunque no hay líderes, las decisiones sí se toman en reuniones que suelen ser a puerta cerrada.

Admiten mantener contactos con partidos y organizaciones de trabajadores. De hecho, según asegura Antonio López, uno de sus integrantes, el objetivo de la plataforma es "contactar con las fuerzas políticas, sociales y sindicales para convocar un foro de debate" tras el 25-S. 

La coordinadora, por otro lado, es más cercana a la forma de hacer política del 15-M. Está integrada por activistas que llevan años moviéndose en los movimientos sociales alternativos de la capital y por personas que se acercaron a las plazas al calor de las protestas de mayo de 2011. Apuestan por el asambleísmo puro para la toma de decisiones y cuelgan en su página web las actas de todas sus reuniones. Defienden el lenguaje inclusivo y la horizontalidad. Creen en la política, pero no tal y como se desarrolla en la actualidad. "No buscamos el contacto con los grupos parlamentarios, en todo caso con las fuerzas sociales y sindicales de base", señala Salomé, que prefiere no dar su apellido."La coordinadora no es antipolítica ni antipolíticos. Cualquier ciudadano es bienvenido el 25-S, también los políticos serios y con buen hacer", añade Pablo Cevas, que participa en las labores de difusión de la convocatoria.

"La coordinadora no es antipolítica ni antipolíticos", asegura uno de los participantesDe hecho, hay formaciones políticas como Equo, el Partido Comunista de España (PCE) o Izquierda Anticapitalista, que han respaldado con más o menos ahínco la convocatoria. Entre las fuerzas parlamentarias, esta movilización genera muchas reservas. Los diputados están en el punto de mira de los manifestantes. Y lo saben. Según han informado a este diario desde los diferentes gabinetes, los parlamentarios seguirán hoy su trabajo habitual. Participarán en las comisiones y en el pleno. La dirección de comunicación de la Cámara ha enviado un escueto email a todos los trabajadores del Congreso en el que se les recuerda que será "necesario" llevar consigo la acreditación personal para "evitar dificultades de acceso". No hay ninguna instrucción más. 

También seguirán con su trabajo habitual los diputados del partido que sustenta al Gobierno. Aunque el PP, por boca de algunos de sus dirigentes, no ha escatimado en intentos de criminalizar la convocatoria. La última fue la número dos, María Dolores de Cospedal, que comparó la jornada de movilizaciones prevista para hoy con el intento de golpe de Estado del coronel Tejero el 23 de febrero de 1981.

Fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran, asimismo, que el partido no ha dado ninguna directriz a sus diputados. Ayer, la vicesecretaria general y parlamentaria Elena Valenciano recordó que "es la expresión de la soberanía popular la que sienta a los diputados en sus escaños". Su jefe de filas, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había expresado con más claridad unas horas antes en una entrevista en la Cadena Ser: "No estoy de acuerdo. Hay una legalidad que cumplir", dijo sobre la convocatoria.

De puertas para adentro será un día normal en el Congreso, dicen los diputados

En las formaciones a la izquierda del PSOE se destila respeto hacia la convocatoria. Cuando el 25-S era un embrión del que poco se sabía, Gaspar Llamazares ya anunció que ese día estaría "con los ciudadanos" para expresar su opinión a favor de un cambio en la "política económica". El pasado viernes el coordinador federal, Cayo Lara, dijo que el Gobierno debería ver "con normalidad" el 25-S y no resolverlo por la vía de la represión. Según fuentes del grupo, que los diputados de La Izquierda Plural acudan a recibir o no a los manifestantes, dependerá de cómo se desarrolle la jornada. 

Las cartas ya están sobre la mesa. Aunque en un principio la toma simbólica del Congreso se planteó como un órdago a las instituciones, la convocatoria es también una buena oportunidad para que el 15-M y los movimientos sociales que están en su órbita hagan una nueva demostración de fuerza y revelen si, tal y como ha ocurrido en Portugal, la presión de la calle puede hacer recular a los Gobiernos.