El nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, sostiene en las alegaciones que presentó ayer en el Tribunal Supremo (TS) que su legalización conducirá al fin de la violencia en Euskadi. Porque, según arguye, esta formación supondría 'la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición, es evidente que esta se acelerará'.

Así lo recoge el escrito de 245 folios, redactado por los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, que instan al TS a desestimar las demandas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Insta al Supremo a desestimar las demandas contra su legalización

En sus conclusiones, subrayan que los estatutos de Sortu constituyen 'un todo revelador del fin y de las intenciones' del nuevo partido 'ajeno abso-lutamente a cualquier clase de connivencia con el terrorismo'. Y agregan que se ha abierto un nuevo escenario ante el que la Abogacía del Estado y el Ministerio Público se han visto obligados a 'sobreactuar y dimensionar en exceso realidades inexistentes'.

Sobre los informes policiales presentados en sus demandas, Sortu cuestiona, entre otros puntos, su 'imparcialidad' y pone como ejemplo el titulado Asunto: Partido político sustitutivo de Batasuna.

Los letrados de Sortu también responden a lo planteado por la Fiscalía en el sentido de que la presencia de miembros de la antigua Batasuna en la presentación de sus estatutos es un indicio más de su sucesión. Según recuerdan, el TS ha establecido un criterio sobre ello, señalando que la condición que deben cumplir los integrantes de formaciones ilegalizadas es que 'el nuevo partido creado no constituya una continuación o sucesión del partido ilegal y disuelto'.

La Sala del 61 del TS se reúne hoy para decidir qué pruebas tendrá en cuenta

En sus alegaciones, Sortu mantiene que sus estatutos en sí mismos son un 'contraindicio' que prueba que no hay tal sucesión con Batasuna. Y presenta además como 'hechos' de su trayectoria dos comunicados hechos públicos, el 3 y el 10 de marzo. En este último, rechazaba el plan de ETA para matar al lehendakari, Patxi López, sus 'presuntas planificaciones' de atentados y dos casos de kale borroka. 'Es evidente que todos estos contenidos refuerzan los apartados de los Estatutos', destacan.

El segundo comunicado de Sortu se hizo público después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía interpusiesen sus informes. Ahora Iruin y Araiz reproducen un párrafo de la demanda de la Fiscalía que apuntaba que 'una manifestación de este signo rechazo o condena, seguida naturalmente de una actividad coherente con ella, colocaría inequívocamente a la fuerza política que la hiciera dentro del marco legal'.

Sortu también replica a otra conclusión de la Fiscalía, según la cual ETA apoyaría la iniciativa de la izquierda abertzale en seis de sus comunicados y en una entrevista. 'Es una conclusión que no se deriva de manera objetiva de los citados documentos, salvo que se hagan lecturas como las que efectúa la Guardia Civil en su informe, alterando los términos y expresiones de los textos'.

Sortu también rechaza que pueda presentarse 'el silencio' de ETA tras la presentación de sus estatutos como prueba de connivencia. Según Iruin y Araiz, esto es algo 'ajeno' a la Ley de Partidos y se pretende crear otra condición: 'Junto al rechazo de Sortu a la violencia de ETA, ahora es ETA la que tiene que rechazar la actuación de Sortu'.

Los letrados también señalan que la Ley de Partidos no exige 'la condena del pasado' y recoge lo dicho por catedráticos de Constitucional. 'En cualquier caso', agregan, 'en los estatutos de Sortu se recoge su deseo de contribuir al reconocimiento' de todas las víctimas y también de las que tienen su origen en la violencia de ETA'.

La Sala del 61 del TS se reunirá hoy para decidir qué prueba de la propuesta por Abogacía del Estado, Fiscalía y Sortu decide tener en cuenta. Pero, sobre todo, para pronunciarse sobre la celebración de la vista solicitada por los demandantes en el incidente de ejecución de la sentencia de Batasuna. En cambio, la formación política no es partidaria de celebrarla, al creerla innecesaria. Con ello se agilizaría el proceso, pero se perdería publicidad.

Fuentes jurídicas señalaron que la Sala Especial tiene previsto convocarla para la próxima semana para que el proceso sea resuelto antes de las elecciones del 22 de mayo, teniendo en cuenta que después deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía y la Abogacía proponían como prueba el testimonio de policías y guardias civiles. Sortu considera que las testificales policiales sólo son 'meras inferencias o deducciones' e impugna que se las pretenda hacer pasar por informes periciales.