Greenpeace entró ayer en el Puerto de Algeciras para pedir explicaciones a sus responsables sobre el caso del New Flame, el chatarrero panameño hundido en las aguas del Campo de Gibraltar con 42.000 toneladas de chatarra en su interior hace más de tres semanas tras permanecer seis meses encallado junto al Peñón. “No es un caso aislado, sino un símbolo de esta situación, la más grave de todo el Estado”, dijeron los ecologistas en una conferencia de prensa en el Arctic Sunrise.

El colectivo conservacionista denunció que en la Bahía de Algeciras se usan más de seis millones de toneladas de fuel en repostajes barco a barco. Gibraltar mueve 4,3 millones de ellas desde gabarras o gasolineras flotantes. “De las tres que existen sólo una tiene doble casco. Las gasolineras flotantes no están autorizadas en la UE porque suponen un grave riesgo de mareas negras”, asegura Greenpeace.

Las operaciones de bunkering o repostaje –agregan– se hacen “sin la seguridad necesaria, ya que no utilizan barreras anticontaminación para prevenir derrames y las hacen a un precio menor, puesto que en Gibraltar no se paga la tarifa Marpol”. La tarifa es de pago obligado en todos los puertos de la UE y sirve para financiar el mantenimiento de las instalaciones de recogida de residuos de los barcos. La diferencia puede llegar al 90%.

Esta situación de descontrol en Gibraltar hace, según los ecologistas, que las empresas españolas aprovechen para sacar beneficios y relajar las medidas de seguridad.

Sin respuesta del Gobierno

“El New Flame estuvo en Gibraltar apenas unas horas, entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de agosto, para repostar con una gabarra de la empresa Gibunco, que, aunque opera en aguas del Peñón, se surte en la refinería de Cepsa en San Roque y realiza operaciones de bunkering en Algeciras”, según los activistas.

Greenpeace exige al Gobierno que especifique la composición y la procedencia de la chatarra que se encuentra actualmente en las bodegas del New Flame. La entidad conservacionista envió la primera carta de reclamación a los ministerios de Medio Ambiente y Fomento el pasado 13 de agosto. Sin respuesta.