El Supremo traslada al Gobierno el embargo de las 'herrikos'

Los 16 magistrados que componen la Sala del 61 del Tribunal Supremo están de acuerdo en que no es procedente "en este momento" ordenar el embargo de las herriko tabernas, pero dejan la puerta abierta al Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, para que inicie un proceso -previo e imprescindible para decretar la medida- en el que se pueda declarar que estos establecimientos son en realidad de Batasuna.

La Sala Especial cita el artículo 38 de la Ley Hipotecaria y el 593.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (supletoria de todas las demás, en este caso, de la ley de partidos) para acordar que tienen que ser las partes personadas las que inicien el procedimiento que consideren oportuno para "levantar el velo" de la titularidad real de las herrikos. Es decir, tienen que ser los Servicios Jurídicos del Estado o el fiscal quienes pidan que se investigue si las personas que figuran en el registro como propietarias de ese centenar de asociaciones culturales y establecimientos hosteleros ocultan en realidad a Batasuna.

En lo que no parece que haya unanimidad es ante qué órgano judicial debe iniciarse esta vía. Hay dos opciones: la propia Sala del 61, como sala sentenciadora de la ilegalización de Batasuna, y los Juzgados de Primera Instancia a los que pertenezcan los bienes cuya titularidad se discute.

Un largo proceso

Hasta llegar aquí, el alto tribunal ha seguido un largo proceso. El 28 de marzo de 2003 ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Inició entonces el proceso de liquidación de sus bienes, según ordena la ley de partidos, para que el patrimonio neto resultante se destine por el "Tesoro a actividades de interés social o humanitario".

Las subvenciones recibidas por el partido y sus sedes fueron más o menos fáciles de considerar pertenecientes a la formación ilegalizada y se actuó en consecuencia. Sin embargo, determinar si las herriko tabernas pertenecen o no a Batasuna es una cuestión que se arrastra al menos desde el 23 de octubre del año pasado.

Ese día ordenó el registro de las herrikos para inventariar todos los locales y bienes de Batasuna. La decisión obedecía al informe de los tres inspectores de la Agencia Tributaria encargados de liquidar los bienes del partido ilegalizado. "La conclusión capital" de dicho estudio "reside en la existencia de numerosos bienes y derechos que, formalmente ostentados por determinadas asociaciones culturales y, en algunos casos, sociedades mercantiles, que aparecen como titulares de las denominadas genéricamente herriko tabernas, pertenecerían en realidad, material y efectivamente a la propia Batasuna", señalaba el auto que justificaba la medida de la Sala Especial.

A pesar de la "solidez y rigor" con la que exponía el informe la "conexión", el alto tribunal entendió que no podía afirmarse "con efectos de prueba plena" para proceder a su embargo, y se limitó a pedir informes a las partes. El fiscal contestó que, a pesar de la "afinidad ideológica" existente, "no puede inferirse la conclusión de que uno y otro (herrikos y Batasuna) son la misma cosa". El abogado del Estado proponía el embargo, pero con la condición de que "quedara acreditado" que estos establecimientos "pertenecen realmente" al partido disuelto.

Un año después la determinación de si son o no de Batasuna vuelve a estar en manos de las partes.