El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá hoy, diez días después de entrar en vigor, si suspende la aplicación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo conforme pidió el Partido Popular.

La nueva ley liberaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, establece un comité clínico para evaluar los abortos por problemas en el feto a partir de la semana 22 y permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Los conservadores, que han boicoteado la ley desde el primer día, intentan paralizar la norma hasta que los magistrados resuelvan sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra ella.

El PP critica puntos de la ley vigentes en los ocho años de gobierno de Aznar , cuando se interrumpieron casi 600.000 embarazos. Cuando el PP gobernó, en ningún momento puso sobre la mesa la necesidad de abolir o modificar la ley que se encontró al llegar al poder. Aun así, el propio Aznar no tuvo reparos en apadrinar la manifestación contra el aborto que organizaron varias asociaciones provida el pasado octubre.

El pasado 30 de junio el TC admitió a trámite los recursos interpuestos contra la ley por el Gobierno de Navarra y el PP y dio un plazo de tres días hábiles a las partes para presentar alegaciones sobre una posible suspensión de la entrada en vigor de la norma, que estaba prevista para el 5 de julio.

Durante ese plazo, la Mesa del Congreso envió una 'respuesta automática' declinando la posibilidad de presentar alegaciones conforme las fuentes consultadas por Europa Press, mientras que la Abogacía del Estado, de parte del Gobierno, cursó un escrito en el que argumentaba que el Constitucional no tiene competencias para suspender la entrada en vigor de una norma que ha aprobado el Parlamento.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien aseguró que la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad 'no tiene efectos suspensivos' por lo que a su juicio, 'lo normal' es que se cumpliese la ley que ya está en vigor.

Veinticinco años después de que se despenalizara el aborto en tres supuestos (por enfermedad muy grave de la madre, por problemas graves de salud del feto o por violación), las mujeres españolas pueden abortar libremente hasta las primeras 14 semanas de gestación. Desde entonces y hasta las 22 semanas, se podrá abortar cuando seguir con el proceso suponga 'un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada' y si existe 'riesgo de graves anomalías en el feto'. En ambos casos, un especialista deberá constatar que así es para poder llevara cabo la intervención.

Pasadas las 22 semanas, se podrá abortar cuando se detecten 'anomalías fetales incompatibles con la vida' o el feto tenga 'una enfermedad extremadamente grave e incurable'. En este caso, lo deberá confirmar un comité clínico. El PP recurrió estos puntos, al considerar que no respetan los derechos del 'no nacido'.

Cada autonomía deberá contar al menos con un comité clínico. Se trata de un órgano formado por dos especialistas en ginecología o diagnóstico prenatal y un pediatra, que tendrán diez días para constatar que el feto sufre una 'enfermedad incurable', determinante para permitir un aborto más allá de las 22 semanas de gestación.

Las chicas de 16 y 17 años decidirán sobre su embarazo, aunque tendrán que informar a sus padres. Para que conste que así lo han hecho, deberán ir a abortar acompañadas de un tutor. Si la joven alega que informar al padre le supone un conflicto grave, deberá firmar su aseveración ante el médico. El sanitario podrá solicitar a un psicólogo o a un trabajador social un informe que verifique la versión de la chica.