Cuando en Catalunya ya se hacían chanzas sobre la 'luna de miel' entre Ejecutivo y Govern, una decisión judicial ha reabierto las grietas que la grave crisis económica había cerrado en los últimos meses.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de consultas populares de Catalunya, que permite solicitar al Ejecutivo central la convocatoria de referendos sobre 'cuestiones de especial trascendencia política'.

Según informó el Alto Tribunal, los preceptos impugnados de la ley quedan en suspenso hasta que se produzca el fallo correspondiente. Fue el Consejo de Ministros el que llevó esta normativa catalana al TC el pasado mes de diciembre por entender que vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos.

La ley fue impulsada con los votos del Tripartito (PSC, ERC e ICV); CiU se opuso por considerarla poco ambiciosa: el texto explicita que sólo podrían celebrarse referendos con permiso del Consejo de Ministros. El Gobierno, sin embargo, pretende dejar claro que las autonomías sólo pueden convocar consultas populares pero en ningún caso referendos oficiales y evita así tener que posicionarse.

Tras conocer la decisión del TC, el Govern se apresuró, por boca de Felip Puig, conseller de Interior, a asegurar que nada impedirá a Catalunya ejercer su derecho a decidir. 'El día que este país quiera ponerse en marcha, el TC no nos parará', añadió.

ICV-EUiA criticó la decisión, mientras que el dirigente de ERC Joan Ridao lamentó la admisión a trámite contra una ley que 'consagra el principio democrático' y 'es respetuosa con las capacidades que tiene el Estado para autorizar las consultas'.