La socialista Emelina Fernández Soriano (Almería, 1950), profesora de la Facultad de Comunicación de Málaga, ha cambiado su escaño en el Senado por la Presidencia en el Consejo Audiovisual de Andalucía, un organismo más conocido por sus broncas internas que por su trabajo. Ella avisa: será implacable con aquellas televisiones que vulneren los derechos fundamentales. Como la cámara de Sidney Lumet, su director predilecto, en 12 hombres sin piedad.

¿Está demasiado politizado este organismo?

Nosotros no llevamos ni un mes de funcionamiento. Yo no tengo esa sensación por ahora. Hay alguna cosa, como la petición de una vicepresidencia por parte de los consejeros propuestos por el PP, que sí puede haber sido una actuación en función de un planteamiento de algún partido político, pero con respecto al funcionamiento interno no ha habido en este tiempo posicionamientos que me induzcan a pensar que responden a planteamientos de partidos. No sé qué pasará en el futuro.

En la etapa anterior daba la sensación de que era una repetición del Parlamento.

Es curioso, porque no es la percepción que yo tengo. A mí lo que me ha llegado es lo que ha hecho el Consejo y lo muy positivo que ha hecho. Me han llegado resoluciones, trabajos, informes, investigaciones absolutamente muy válidas que han aportado mucho al mundo audiovisual. Esa otra percepción es más... casera.

Sin embargo mucha gente dice que el Consejo no sirve para nada. A lo mejor el problema es que a la gente no le llega ese trabajo que se está haciendo.

Ese es uno de mis retos. Que la ciudadanía sepa para qué sirve el Consejo. Si una televisión en Andalucía hiciera lo que ha hecho Telemadrid, superponiendo la imagen de ETA sobre la de cualquier demócrata, el Consejo abriría un expediente inmediatamente. Para eso sirve, entre otras muchas y muy importantes cosas. Es una falta de responsabilidad absoluta, no tengo adjetivos suficientes para calificar lo que significa que una televisión pública haga eso. Aquí no ocurriría, pero si hubiera ocurrido se le hubiera abierto un expediente. Si un medio público no respeta los más mínimos principios, los derechos fundamentales, ¿quién pretendemos que los defienda, quién pretendemos que los proteja?

¿Qué le ha parecido la denuncia de Camps, ya retirada, a las teles por hablar de imputados e implicados en corrupción?

Es otro ejemplo. En Valencia no existe un Consejo como este. Claro que no existe. Es que no podría existir porque no podría resistir el más mínimo análisis objetivo de sus informaciones y de su programación. Por eso no lo crean. Lo que ha hecho el señor [Francisco] Camps es un atentado no ya contra la libertad de expresión sino contra la inteligencia de la ciudadanía. Igual piensa que vive en otro país o se ha equivocado de época.

Canal Sur también recibe críticas. El PP se queja del tratamiento del ‘caso de los ERE’ fraudulentos financiados por la Junta.

Vamos a diferenciar entre las críticas que pueda hacer el PP en el Parlamento o en los medios y lo que viene aquí. Aquí se analizan casos bien porque haya una queja o por una petición de estudio. Algunos consejeros pidieron en el anterior Consejo una investigación sobre el caso Mercasevilla y se acotó cuantitativamente todo el año 2010 y, cualitativamente, de octubre a diciembre. Este trabajo está casi terminado y en cuanto esté listo veremos los resultados.

¿Cree que la programación de Canal Sur es adecuada?

Las televisiones públicas en abierto y generalistas tienen la obligación social, política, comunicativa… de atender las demandas de una sociedad tan plural socialmente, políticamente, religiosamente, étnicamente... Una sociedad de un nivel cultural que va desde analfabetos a los investigadores más cualificados. Hay una parte de la sociedad que cree que sólo tienen derecho ellos. Es evidente que a un premio Nobel no le gustará ver ciertos programas de entretenimiento, o igual sí, porque te llevas sorpresas. Pero si te gustan los programas científicos, los hay; de libros, los hay; la copla, la hay. La obligación del servicio público es atender las demandas de la sociedad.

¿Cambiaría la programación?

Si yo fuera directora general, muy probablemente la cambiaría. Y no creo que no haya nadie que no la cambiase, nadie haría dos parrillas iguales. Cualquier parrilla tiene muchos condicionantes: económicos, sociales... La programación de la televisión pública andaluza podrá gustarle más a unos y menos a otros, pero lo que siempre hay que pedirle a la televisión es que responda a los objetivos para los que se ha creado, que es satisfacer al amplio espectro de la sociedad a la que va dirigida.

¿Pero no hay ciertos programas que fomentan los tópicos?

Tendría que decirme los programas.

Mucha gente se queja, por ejemplo, del de la copla.

La copla es una expresión básicamente de Andalucía. ¿Que se abusa de ello? Hay quien considera que no es suficiente.

Este periódico es antitaurino. ¿Cree que las televisiones públicas deberían dejar de emitir las corridas de toros?

Siento ir en contra de la línea editorial [de Público]. Me gustan los toros, la fiesta de los toros, voy todos los años al menos a una o dos corridas. Soy una aficionada moderada. Creo que es un espectáculo, pero no dejo de ver que es un espectáculo no amable. Mi nieta se pone la manilla en la cara cuando los ve en la tele. Respeto que haya una parte de la sociedad que considere que eso es una barbarie o que considere que eso se debe eliminar. Pero forma parte de mi formación cultural.

Pero más allá de la prohibición, ¿deberían dejar de emitirse?

Estaríamos enlazando con las anteriores preguntas. ¿Debe una televisión pública en Andalucía, en una sociedad como la andaluza, dejar de emitir una parte de su identidad y una parte de su trayectoria cultural porque hay otra parte de la sociedad que considera que no debería ser así? Evidentemente, no hay por qué dejar de emitir las corridas.

¿Cuál es su principal línea de trabajo en el Consejo?

Uno de los retos es que la ciudadanía conozca que tiene un instrumento a su alcance para poder dirigirse a nosotros, que es la Oficina de Defensa de la Audiencia. Eso me parece importante. Que si alguien siente que se vulnera el honor de una persona, o ve que hay algún programa homófobo o en contra de la igualdad... sepa que puede dirigirse a nosotros. Queremos que la sociedad se sienta protegida por esta institución.

¿Se va a notar que es una mujer quien dirige ahora el Consejo?

Siempre se nota. No aquí, en todas partes. El acceso de las mujeres a todos los ámbitos de la vida ha hecho que las cosas cambien.

El Consejo fue pionero en la lucha contra los anuncios de prostitución. ¿El Gobierno debe obligar a los medios a retirarlos?

No se debe hacer anuncios de contactos en los medios. Es contradictorio con publicar luego una información sobre violencia de género. Que en un periódico de tirada diaria haya unas páginas de anuncios de contacto no responde a la necesidad de la sociedad española.

¿Debería regularse el tratamiento de la violencia de género en los medios?

Debería. Nosotros estamos haciendo unos códigos de corregulación con los operadores. La sensibilización que hay en la sociedad contra esta lacra no la ha habido nunca y a eso han contribuido los medios.

Salvo artículos como el de Salvador Sostres.

Pero observemos la respuesta que ha habido. Lo que hubiera sido absolutamente peligroso es que la sociedad le hubiera reído la gracia, y la sociedad lo ha rechazado rotundamente. El que ha quedado absolutamente desprestigiado es él.