Un tercio del Presupuesto anual de Esperanza Aguirre no se fiscaliza

La solemne promesa de transparencia lanzada hace diez días por Mariano Rajoy ha topado con la realidad. En Madrid, la mayor y más importante de las comunidades gobernadas por el PP, un tercio del Presupuesto regional jamás se ha fiscalizado bajo el mandato de Esperanza Aguirre, que gobierna con mayoría absoluta desde 2003. Un ardid legal ha permitido al Ejecutivo madrileño hurtar a la oposición y, sobre todo, a la Cámara de Cuentas los datos sobre el gasto sanitario real, que cada año representa más del 30% del Presupuesto general.

Desde que, en 2005 y fruto de la fusión de estructuras sanitarias previas, nació el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los Presupuestos regionales le han asignado más de 43.000 millones. Sólo una vez la Cámara hizo una incursión parcial en las cuentas sanitarias. Ocurrió en 2009, cuando decidió auditar un programa cuyo coste equivale al 1,3% del total asignado al Sermas entre2005 y 2011. El informe resultante alertó del descontrol en los hospitales privados con conciertos o convenios.

Desde 2005, el ente sanitario ha recibido más de 40.000 millones

Cómo se han distribuido esos 43.000 millones en una etapa marcada por la privatización de la gestión hospitalaria es una pregunta cuya respuesta permanece tras el muro de la opacidad. En 2010, la dotación del Servicio Madrileño de Salud ascendió a 6.820 millones, el 35,5% del presupuesto. Para este ejercicio, las cuentas le asignan 6.875,8 millones, incluidas las operaciones financieras, lo que significa el 36,6% del total.

Mientras que las otras grandes comunidades Andalucía, Catalunya y País Valencià entregan cada año la ejecución presupuestaria íntegra de sanidad a sus respectivos órganos autonómicos fiscalizadores, Madrid se escuda en su legislación para esquivar el control externo y el de la oposición.

El Ejecutivo del PP ha denegado por sistema los datos a la oposición

La coartada del PP se sustenta en que el Servicio Madrileño de Salud es lo que el argot administrativo denomina un ente especial. Y los entes especiales no se integran en la cuenta general de la Comunidad. Es esa cuenta, formada por el presupuesto de la administración general las consejerías y sus organismos autónomos lo que se fiscaliza obligatoriamente cada año. Y lo que el Gobierno traslada a la oposición. Si quisiera, el PP podría pedir a la Cámara que auditase la sanidad: si la Asamblea de Madrid lo reclamase, sería motivo automático para el examen. Y también habría examen periódico si así lo decidiera la Cámara de Cuentas, controlada por consejeros afines al PP. Pero los conservadores no sólo no desean abrir la caja de los hospitales y los centros de salud, sino que han bloqueado todos los intentos de la oposición.

Los socialistas llevan años reclamando a Aguirre que modifique la Ley de Hacienda para cerrar de una vez el agujero informativo. El cambio sólo afectaría a un artículo de esa norma, el 122, cuyo enunciado dice ahora esto: "La Consejería de Hacienda remitirá mensualmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea información sobre la ejecución presupuestaria, consistente en el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos". Bastaría, y es lo que propone el PSOE, añadir la siguiente coletilla: "[de sus Organismos Autónomos] y Entes Públicos cuya normativa específica confiera carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos". O sea, el Servicio Madrileño de Salud y dos agencias la de Protección de Datos y la de Emigración cuyo presupuesto conjunto no supera los 3,6 millones. Cuando la Ley de Hacienda se promulgó en 1990, no existían los entes especiales.

Año a año, el PSOE ha presentado en la tramitación de los Presupuestos una enmienda con el texto reseñado en el párrafo anterior. Y, año a año, el PP se ha valido de su mayoría absoluta para tumbarla.

En siete años, la Cámara sólo ha auditado el 1,3% de los fondos totales

El porqué real de esa negativa nadie lo explica, pese a que la propia Cámara de Cuentas recomienda cada ejercicio promover los cambios legislativos que permitan auditar el Servicio Madrileño de Salud.

En julio de 2010, el órgano fiscalizador emitió el ya citado informe parcial sobre el Sermas. Pero parcial: afectaba al programa de atención especializada durante 2007, cuya ejecución se cifró en 556,7 millones. "El Sermas no verifica la información que le remiten los centros", concluía el diagnóstico, en relación con los hospitales privados concertados.

La auditoría se difundió cuatro meses después de que PSOE e IU denunciaran de nuevo el blindaje de las cuentas sanitarias. El 2 de marzo de 2010, el PPhabía bloqueado la comparecencia parlamentaria de los gerentes de hospitales. El entonces diputado socialista Adolfo Piñedo lanzó una pregunta. Retórica, dado que nadie contestó: "Nos preguntamos qué es lo que Esperanza Aguirre tiene que ocultar al negarse tan tenazmente a que nadie controle el gasto sanitario", dijo.

La política de información cero, en las antípodas del "portal de transparencia" prometido por Rajoy, condujo a una paradoja inusual durante la fase de liquidación de las cuentas de 2009, el pasado mes de octu-bre: el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, acudió a la comisión parlamentaria que abordaba el asunto. Pero, una vez allí, se negó a proporcionar a la oposición los datos de ejecución presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud. Los socialistas abandonaron la comisión en señal de protesta. El portazo no alteró ni un milímetro la trayectoria del PP.

El viernes, y tras las preguntas de Público sobre una situación con ribetes de excepción en el escenario autonómico, un portavoz de la Consejería de Economía se limitó a recordar lo ya sabido: "La ley de Hacienda no obliga a presentar información de los entes especiales de derecho público, como el Sermas".

El departamento que dirige Antonio Beteta añadió algo más: " Los Presupuestos de la Consejería de Sanidad, incluido el Sermas, están englobados en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, que no sobrepasan el límite de déficit (-0.70%) permitido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera". Pero la información solicitada por Público no se relacionaba con el déficit ni con la deuda que la sanidad madrileña arrastra con sus proveedores, "el secreto mejor guardado" de Aguirre,definió hace un mes el líder socialista madrileño, Tomás Gómez.