Una trama de monjas y médicos robó al menos 28 bebés en Marruecos

La Guardia Civil ha esclarecido una trama que compró al menos 28 bebés en Marruecos, que eran introducidos en Melilla para ser vendidos después a familias de la península, dentro de una operación que se ha saldado con 31 personas imputadas, de las cuales doce ya han fallecido.

Según ha informado hoy en rueda de prensa el comandante de la Guardia Civil Arturo Ortega, que ha dirigido la denominada "Operación Oculta", se ha conseguido identificar a catorce de las víctimas, algunas de las cuales ni siquiera conocían que habían sido adoptadas.

Las supuestas cabecillas de la trama eran tres hermanas nacidas en Tetuán (Marruecos), dos de las cuales fijaron su residencia en Melilla y se dedicaban a captar matrimonios que no podían tener hijos, mientras que la tercera localizaba a embarazadas en Marruecos.

Algunas de estas mujeres se desplazaban a Melilla, donde eran acogidas por las dos hermanas residentes en la ciudad antes de dar a luz, bien en hospitales melillenses, bien en domicilios particulares.

La operación, supervisada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, se inició en noviembre del 2011 tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ante la Fiscalía General del Estado, por dos casos detectados en Valencia.

Se trata del primer esclarecimiento de una trama organizada dedicada a la compraventa de bebés, que tuvo lugar en las décadas de los 70 y los 80.

En concreto, la operación abarca el periodo comprendido entre 1977 y 1985, por lo que no se descarta que pueda haber un mayor número de casos, ya que la investigación -para la que se ha utilizado documentación de hospitales y registros civiles, así como información procedente de Marruecos- continúa abierta.

La operación sigue abierta y no se descarta que haya más casos

Según la Guardia Civil, entre las décadas de los 70 y 80 los implicados en la trama delictiva captaban a matrimonios que no podían tener hijos y se les presumía un alto poder adquisitivo, con los que concertaban una cita y, a cambio de entre 1.200 y 6.000 euros, los trasladaban a Melilla.

Una vez en la ciudad, les hacían entrega de un recién nacido, facilitándole a veces un certificado de nacimiento expedido por un sanitario, o poniéndoles en contacto con ellos para que se lo expidieran y, de esta forma, pudieran inscribirlo en el Registro Civil como hijo biológico, previo pago de 300 euros.

Captaban matrimonios que no podían tener hijos y de alto nivel adquisitivo

En ocasiones, los bebés se obtenían en Melilla, donde contactaban con gestantes con escaso poder adquisitivo, que accedían a la entrega del bebé bajo la promesa de una vida mejor para él o simplemente a cambio de dinero.

Otras veces en Marruecos, donde la trama disponía de contactos con personal sanitario y trabajadores de hospitales de las localidades de Oujda y Nador, que facilitaban la entrega y traslado a Melilla de los bebés.

Los primeros resultados obtenidos se centraron en la coincidencia de determinadas personas, como matronas o facultativos, considerados una "parte importante" de la organización, ligados, a su vez, a las tres hermanas, consideradas el núcleo de la trama.

Se les imputa suposición de parto, detención ilegal o falsificación de documentos, entre otros delitos

Una de estas hermanas está localizada, otra fallecida y a la tercera, que cambió su nombre y sus apellidos, se le está intentando localizar y se cree que está en Marruecos.

Según el comandante Ortega, la primera de ellas ha reconocido los 28 casos detectados, de los cuales catorce han podido ser identificados en Valencia, Málaga, Granada, Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación ha tenido una importante "carga emocional" dado que algunas de las personas identificadas desconocían que habían sido adoptadas.

A las 31 personas implicadas en la trama, doce fallecidas y otras de avanzada edad, se les imputan diversos delitos, como suposición de parto, alteración de la paternidad, detención ilegal o falsificación de documentos públicos.

Entre los imputados hay personal sanitario, como facultativos o matronas, pero ninguna religiosa.