La red de empresas del caso Gürtel se quedaba, a través de la compañía Special Events, con un 2% de los contratos públicos que los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte adjudicaban a otras empresas, a las que obligaban a abonar directamente las facturas de la trama de Francisco Correa.

Según consta en el sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, que se ha dado a conocer este martes, en algunos de los contratos otorgados mediante concurso por los consistorios de Boadilla y Majadahonda 'había una partida incluida en el pliego de condiciones en el que un dos por ciento del presupuesto de adjudicación se debería asignar a la campaña de comunicación (...) y esa partida la asignaría el propio ayuntamiento'.

Uno de los imputados en la trama, que trabajaba como director de contabilidad del grupo empresarial SUFI, explicó ante el juez que en uno de los contratos otorgados por el Ayuntamiento de Boadilla para la recogida de basuras y el mantenimiento del arbolado se incluía una claúsula específica de la que se beneficiaban las empresas de Correa.

'Nosotros exclusivamente teníamos que asignar dentro del presupuesto una partida equivalente al dos por ciento del presupuesto para concienciación del ciudadano, y sería el ayuntamiento, y así lo hizo, el que realizaría dicha campaña a través de las empresas que considerara oportunas', según la declaración de Gonzalo Naranjo

El pago de ese dos por ciento a Special Events o el resto de las empresas solía realizarse 'con pagaré, transferencia o cheque' y, según Naranjo, 'siempre una vez recibida la factura y con las pertinentes autorizaciones'.

'A nosotros nos llamaba directamente el ayuntamiento y nos decía, oiga, vana ustedes a recibir una factura de un proveedor correspondiente a la partida de incluida en el pliego de condiciones del dos por ciento para la campaña de concienciación y comunicación, páguenla. Llegaba la factura y la pagábamos'.

El propio juez se sorprendió durante el proceso de instrucción del mecanismo utilizado por los ayuntamientos, hasta el punto de preguntas al imputado si consultaron con un abogado antes de acatar las órdenes de los ayuntamientos, ya que interpreta que ese dos por ciento se podría entender como un 'tributo'.