Sólo tres jueces centrales toman medidas contra la tortura

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el informe que la Comisión de Estudios e Informes ha realizado al hilo de las conclusiones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos o Degradantes extrajo de la visita que hizo a España el año pasado.

Las conclusiones del Consejo, revestidas de recomendaciones a los jueces, pasan por considerar que el ordenamiento español "limita extraordinariamente las posibilidades de archivar de plano las denuncias" presentadas por malos tratos y "dota a los jueces de los recursos necesarios para que cualquiera sea debidamente investigada", como estableció en abril de 2008 el Tribunal Constitucional.

La mayoría de las críticas del Comité Europeo al sistema español se centraron en la detención en régimen de incomunicación, utilizada en casos de terrorismo. Señaló que en al menos diez casos de personas incomunicadas en 2011, en los que el médico forense transmitió al juez sus alegaciones de malos tratos, no se adoptaron medidas de investigación. Añadía que se adopta con "argumentos legales repetitivos" que "mostraban un cierto grado de rutina", lo que casa mal con este tipo de medida.

Sólo tres de los seis Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional aplican medidas adicionales para evitar estas prácticas: la notificación a familiares del hecho de la detención y del lugar de custodia, la posibilidad de ser visitado por un médico de confianza y la vigilancia de las zonas de detención durante las 24 horas del día.

Según fuentes jurídicas, los jueces que no acordaban estas medidas eran los titulares de los Juzgados 2, 6 y 3, respectivamente, Ismael Moreno, Eloy Velasco y Fernando Grande-Marlaska, que ayer fue elegido presidente de la Sala de lo Penal.

El informe, del que ha sido ponente la vocal Margarita Uria, destaca que la grabación continua durante el tiempo del arresto, que inauguró en la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ya se aconsejaba en un informe del Consejo de 2008. Entre sus actuales recomendaciones figura un cambio legislativo para vetar la incomunicación de los menores, exclusión que la Fiscalía ya recomendó en una circular en 2007.

Además, destaca que los cambios previstos en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal supondrían "un innegable avance en pos de la prevención de los malos tratos". Dicho texto prevé que la incomunicación sólo sea aplicable "cuando la finalidad que se persiga no pueda alcanzarse mediante la privación ordinaria de libertad".