@JairoExtre

MADRID.- Podría decirse que la sanidad pública española padece una enfermedad crónica: la temporalidad que se alarga durante años, en algunos casos, hasta más de una década. 193.000 personas de las 611.000 que trabajan en la sanidad pública lo hace con un contrato temporal, ya sea interino, sustituto, eventual o en formación. La tasa de temporalidad del sector sanitario público es del 31,6% en 2016, es decir, casi uno de cada tres empleados es temporal, según un informe de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.

La tasa es más de diez puntos superior a la temporalidad de la sanidad privada y a la de los demás sectores públicos. También es mucho más alta que la tasa de la Unión Europea, aunque no puede precisarse por falta de datos desagregados de Eurostat, la agencia estadística europea.

El estudio analiza el mercado laboral de la sanidad desde 1989 hasta el último trimestre de 2016 basándose en datos de la EPA y en otras fuentes estadísticas. La temporalidad ha ido en continuo aumento desde 1989, cuando era del 17,7% hasta legar a su cénit en 2008, cuando llegó al 34,2%. Entre 2008 y 2016 ha descendido casi tres puntos debido principalmente al recorte presupuestario en la sanidad pública, que ha destruido empleo temporal por ser más barato y fácil. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en la sanidad privada.

El 54% de los trabajadores temporales son interinos,
el 17% de profesionales
de la sanidad pública

En concreto, entre 2008 y 2013 se redujeron 32.000 empleos temporales en la sanidad, de los que 20.000 eran interinos, sustitutos de trabajadores con plaza fija por oposición. Esto redujo la tasa de interinidad del 17% al 14%, pero a partir de 2016 vuelve a repuntar hasta el 17%.

El sindicato destaca que, aunque se ha creado empleo en la sanidad pública, se ha cubierto con empleo temporal. Entre 1996 y 2016, más de la mitad de los empleos creados fueron temporales. Según el informe, "el sistema sanitario público se expande como respuesta a las demandas de la población, pero al no poder hacerlo por la vía de las convocatorias de oferta de empleo, lo hace mediante el fuerte crecimiento del empleo temporal y de la jornada laboral" de los trabajadores fijos.

Son los trabajadores interinos los que conforman el núcleo de la temporalidad. El 54% de los temporales (104.000 personas aproximadamente) son interinos, el 17% del total de profesionales en la sanidad pública, cuando antes de las restricciones a las convocatorias de ofertas de empleo público apenas superaban el 10% del total del empleo en el sector.

El 25,8% de los eventuales lleva encadenando contratos  temporales más de diez años

Además, destaca el informe, esa interinidad se prolonga en el tiempo. Según la EPA, el 70% de los interinos lo son desde hace tres años o más. El 38% lleva diez años o más como interino.

Pero la temporalidad se convierte en algo común incluso entre el persona temporal no interino.En concreto, el 58,9% de los trabajadores eventuales tiene una antigüedad superior a los tres años y el 25,8% supera los diez años a base de encadenar diferentes contratos en los servicios de salud.

A esto hay que sumar una intensa rotación en una bolsa de empleo eventual que ha generado, por ejemplo, que 12.000 trabajadores hayan tenido doce contratos en un año, incluso se han registrado casos de trabajadores que han firmado 154 contratos en un solo año para trabajar 263 días, más que cualquier otro trabajador con plaza consolidada.

Para CCOO, frente a la necesidad de profesionales comprometidos con proyectos a medio y largo plazo y con estabilidad en sus empleos, se ha promovido un modelo que busca una mayor flexibilidad basada en la precariedad y que afecta negativamente a la calidad y seguridad de la asistencia en los centros sanitarios públicos españoles.

Aunque achaca el problema a "enfoques simplistas y mecanicistas" que facilitan el ajuste de plantillas y la escasa profesionalización de los directivos o a los límites legales a la tasa de reposición de personal, CCOO reconoce que parte de esta temporalidad se debe a que "necesidades que surgieron como temporales han devenido en estructurales".

Estas preocupantes cifras tuvieron nombre y apellidos el pasado septiembre, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de la enfermera madrileña María Elena Pérez. Cansada de encadenar contratos temporales durante años hasta que fue despedida en 2013 dentro plan de recorte de gasto público, denunció al Servicio Madrileño de Salud al considerar que sus siete contrataciones eventuales en realidad estaba encubriendo un puesto de trabajo fijo que no se creaba.

Elevada la causa hasta el ámbito de la justicia europea, el TJUE entendió que sus contrataciones "no parecen responder a necesidades temporales del empleador" sino a las necesidades del personal estatutario fijo y que así se estaba generando una "situación de precariedad". La sentencia fue un tirón de orejas, no sólo para la sanidad madrileña, sino para el sistema de empleo público estatal en la sanidad, ya que "la norma española no establece límites a la duración o al número de renovaciones", decía la sentencia. Según la corte europea, España debería modificar este sistema y adaptarlo a la normativa comunitaria.