El TSJCV deja en el aire si imputará a la cúpula de Camps antes del 22-M

El Tribunal Superior valenciano (TSJCV) eligió la jornada de ayer, con el presidente Zapatero haciendo campaña en Valencia, para desvelar una providencia del pasado día 12, que fija el próximo jueves como fecha para "iniciar las deliberaciones" sobre la parte más grave del caso Gürtel en esa comunidad: la que afecta a la presunta financiación ilegal del PP (2,5 millones supuestamente ocultados al fisco en 2007) y por la que Anticorrupción pide imputar a la cúpula de Francisco Camps. El hecho de que el tribunal haya marcado el jueves, víspera del cierre de campaña, como día para comenzar el debate sobre si acepta la inhibición del juez madrileño Antonio Pedreira se perfila como un síntoma de que su pronunciamiento podría demorarse más allá de la jornada electoral del domingo. En los dos últimos meses, los portavoces del tribunal han repetido que habría fumata blanca antes del 22-M. Ahora, no aventuran fechas.

El tribunal no suele difundir la fecha fijada para sus deliberaciones. Sí lo hizo cuando, el 30 de julio de 2009, anunció que habilitaba los tres primeros días de agosto para resolver sobre el caso de los trajes, archivado entonces en falso y reabierto luego por orden del Supremo. No es previsible que el escándalo de un cerrojazo se repita ahora, pero sí que el golpe judicial llegue para Camps cuando ya no haya riesgo en las urnas.

El TSJ debe decidir si investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano

Cinco implicados en las listas

La trayectoria del TSJCV hace difícil, aunque no imposible, la hipótesis de que planee hacer pública su resolución antes de que finalice la jornada electoral del domingo.

Salvo que, pese al alud de datos aportados por la Policía y Hacienda, el TSJCV acordase rechazar la inhibición por falta de indicios, un pronunciamiento judicial previo a las elecciones asestaría un mazazo monumental al PP de Camps. Ya acorralado judicialmente por haber aceptado trajes de la trama corrupta, el president valenciano lleva en sus listas a cinco dirigentes cuya imputación pide la Fiscalía por varios delitos relacionados con la financiación del PP y el amaño de contratos para la red Gürtel, que obtuvo al menos 14 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat y sus sociedades.

No es previsible un cerrojazo como el de agosto de 2009, pero sí una demora

Y esos cinco contra quienes apunta Anticorrupción son pesos pesados del PP valenciano: Vicente Rambla, vicepresident de la Generalitat; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; David Serra, vicesecretario general; Yolanda García, tesorera; y Milagrosa Martínez, presidenta de Les Corts. Un auto del TSJCV en el que ordenara abrir investigaciones antes del 22-M haría añicos el argumentario mediático de Camps en el caso Gürtel: que el asunto se reduce, en todo caso, a "tres trajes" y que lo demás es una quimera conspirativa.

Tras dos años mareando la perdiz para no investigar el triángulo de la financiación, aquel donde el PP valenciano se sitúa en la cúspide mientras que el clan de Francisco Correa y varias empresas locales que supuestamente pagaron casi 900.000 euros de gastos del PP ocupan los otros dos vértices, el TSJCV dio la semana pasada un paso clave: el miércoles 4 dictó una providencia en la que emplazaba a Les Corts a certificar quiénes de los nueve dirigentes del PP cuya imputación pide la Fiscalía gozan de aforamiento valenciano.

Esa providencia indicó a las claras que el tribunal había enfilado ya la última fase del larguísimo trámite previo a la decisión de abrir o no investigaciones sobre Camps y su equipo. No se sabe, porque el tribunal no lo ha desvelado, cuándo llegó la certificación de Les Corts.En la causa que instruye el juez Pedreira en Madrid, donde los tres parlamentarios imputados anticiparon su abandono del escaño para acelerar la pérdida de aforamiento, la certificación fue meteórica: los tres anunciaron su dimisión el 28 de abril y, al día siguiente, la Mesa de la Asamblea de Madrid formalizó la renuncia y se la comunicó al juez.

Ordenar la apertura de investigaciones antes del domingo golpearía a Camps

¿Luna contra 'El Bigotes'?

En Valencia, en cambio, han transcurrido ocho días desde la petición a Les Corts. La lentitud de los plazos corre aquí en favor del PP, una parte de cuyo electorado podría retraerse y quedarse en casa el domingo si el TSJCV confirma que sí hay indicios suficientes para hurgar en las cuentas políticas de Camps y los suyos.

La nota difundida ayer por el TSJCV contiene una curiosidad cuyo significado jurídico no ha logrado averiguar este periódico. En el encabezamiento, el tribunal no menciona a Anticorrupción como impulsora de la investigación reclamada. Ni menciona que en el caso hay aforados. Muy al contrario, el comunicado menciona como actuante a "D. Ángel Luna y otros", es decir, al portavoz socialista en Les Corts. Y, en el apartado relativo a contra quién se dirige la denuncia, figura esto: "D. Álvaro Pérez Alonso y otros". O sea, El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps y responsable de esa fábrica de captar dinero público que fue Orange Market.

Planteado así, parece como si fuera Luna y no Anticorrupción el que sostiene la principal acusación por su carácter público contra los nueve cargos del PP implicados. Tampoco los citaba por su nombre la Fiscalía en el escrito donde hace ya dos meses reclamó la apertura de una causa, pero el ministerio público sí que especificaba que se trata de una actuación "contra aforados". Lo son los cinco enumerados al comienzo, con Vicente Rambla y Costa en cabeza. No lo son los otros cuatro: Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas del PP valenciano en 2007; y Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP.

A los nueve políticos, la Fiscalía les atribuye alguno o algunos de los siguientes delitos: dos electorales (falseamiento de las cuentas para ocultar el exceso de gasto) presuntamente cometidos en 2007 y 2008, cohecho y prevaricación.

Anticorrupción señala como autores de delito fiscal a los integrantes del trío que supuestamente capitenaba la red Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Y pide la imputación por falsedad documental de ocho empresarios que, presuntamente, financiaron las campañas del PP valenciano en 2007 y 2008 mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por la red Gürtel.

La batería de empresas colaboradoras está formada por grandes adjudicatarias de contratos públicos. Entre ellas figuran la firma matriz de Enrique Ortiz, ya imputado en el caso Brugal, y Sedesa, que perteneció a la familia del vicepresidente Juan Cotino, hasta que en junio de 2010 fue adquirida por Avanzit.