La UE corta el grifo de una línea de ayudas a Andalucía

Al presidente andaluz, José Antonio Griñán, se le acumulan las malas noticias. Al escándalo de los falsos prejubilados, al de las actividades empresariales de la familia de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a sus tensas relaciones con el Partido Socialista que le sustenta, se acaba de unir el cierre del grifo del Fondo Social Europeo. La causa, las irregularidades administrativas detectadas en las ayudas a la formación y al empleo, muchas de las cuales ya estaban siendo también investigadas por la Fiscalía bajo la supervisión de las autoridades antifraude de la UE. A la cada vez más flaca Junta de Andalucía, todo se le vuelven pulgas.

El pasado 28 de febrero la Comisión Europea (CE) celebró el Día de Andalucía enviándole una carta desde Bruselas al Gobierno autonómico. Le comunicaba su decisión de "interrumpir" el pago de ayudas del Fondo Social Europeo, como consecuencia de las "irregularidades detectadas". 5.788.675,35 euros del Programa Operativo 2001-2013 se quedaban así, dice la CE, pendientes de "la capacidad de las autoridades [andaluzas] de subsanar las irregularidades" antes de reiniciar los pagos, o, si no es así, añade, "iniciar el procedimiento de suspensión de las ayudas".

Europa toma la decisión tras detectar un cúmulo de

Informe de auditoría

La Comisión detectó dichas irregularidades tanto en el informe de auditoría anual como en el informe provisional emitido por una misión de auditoría realizada in situ por el Tribunal de Cuentas Europeo entre el 15 y el 19 de noviembre y el 13 y el 16 de diciembre de 2010. Fuentes oficiales de la CE aseguran a Público que las irregularidades en la gestión de los fondos europeos se refieren a cinco apartados distintos: los procedimientos de selección, las verificaciones de gestión de primer nivel (la fiscalización que debe ser llevada a cabo por la Junta de Andalucía), el procedimiento auditor, las reglas de elegibilidad del gasto y los procedimientos de información y publicidad de las ayudas.

Desde la Junta de Andalucía, fuentes oficiales de la Dirección General de Fondos Europeos reconocen que en el informe provisional se detectó "una tasa de error en la justificación del gasto ligeramente superior a la admisible, que es del 2%". Pero aseguran que tras las alegaciones presentadas, esa tasa se queda en el 0,08%, por lo que, aseguran, "el pago se reinstaurará rápidamente". Sin embargo, en la respuesta oficial de la CE a las preguntas de Público, nada se dice de que hayan recibido alegaciones, y mucho menos que hayan sido tenidas en cuenta positivamente.

Andalucía dejará de percibir casi seis millones de euros hasta 2013

Errores administrativos

En lo que sí coinciden la Comisión y la Junta es en resaltar que no se trata de posibles fraudes detectados, sino de "errores de procedimiento administrativo". Si bien es cierto que, según el Gobierno regional, entre las ayudas auditadas había algunas de las que están siendo analizadas también por la Fiscalía española y por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea. La OLAF reconoce a Público que "trabaja estrechamente con las autoridades españolas" en las investigaciones sobre "graves irregularidades y posibles fraudes que afectan al Fondo Social Europeo", pero afirma que su estado está sometido a "secreto judicial y administrativo". Aun así, fuentes de la CE aseguran que son la Fiscalía y la Guardia Civil quienes las llevan a cabo, "bajo la supervisión y coordinación de la OLAF".

La investigación afecta a empresas andaluzas a las que se les financió la conversión de trabajadores eventuales en fijos, y que incumplieron la condición de mantener ese empleo durante un periodo mínimo de cuatro años. Mientras que la Fiscalía habla de 5.870 empresas afectadas, de las que sólo 25 habrían superado los 80.000 euros que lo convierten en delito, el consejero de Empleo, Manuel Recio, reconoce que según su propia investigación han detectado 3.790 irregularidades sobre las 15.063 contrataciones analizadas hasta ahora. Según informó en su día el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, algunas de esas empresas habrían devuelto el dinero tras comprobar que estaban siendo investigadas por la Guardia Civil.

La Comisión detectó las anomalías en una auditoría del Tribunal de Cuentas

En efecto, según la Junta, es ese hecho, así como el inicio del procedimiento de reclamación, incluido en las alegaciones, lo que "ha permitido reducir la tasa del error de procedimiento hasta el 0,08%". La Junta y la UE también coinciden en señalar que este tipo de suspensiones cautelares de pagos por parte de Bruselas "no son un práctica inusual y se han producido en el pasado en varios Estados miembros, incluido España", dice la CE.

Reunión con la Comisión

Hace tres semanas se celebró una reunión en Madrid entre la Comisión, el Ministerio de Economía y las comunidades autónomas. En ella, según fuentes de la Junta, tras analizar los altos índices de irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de los cursos de formación profesional y las ayudas al empleo, "que afectan a todas las autonomías, se acordó crear un grupo de trabajo para cambiar los procedimientos de verificación y control". El problema es que si la ayuda no se pasa a cobro antes de dos años, se pierde, mientras que a las empresas se les exige mantener el empleo cuatro años.

La UE exige que antes de conceder las ayudas se verifique previamente que el 100% de los beneficiarios cumplen los requisitos. Y que antes de certificarla, es decir pasársela a Bruselas para que pague su parte (entre el 70% y el 75%), se "verifique in situ" que al menos un 25% de ellos sigue cumpliendo los requisitos, que en este caso es mantener cuatro años el empleo. "Hasta Bruselas reconoce que con la crisis ese es un plazo muy largo para las empresas", aseguran en la Junta de Andalucía.

En la Consejería de Economía aseguran que, ante los problemas, "desde 2009 las verificaciones in situ se hacen al 100% de los beneficiarios". Es más, asegura que han cerrado un acuerdo con la Consejería de Empleo para seguir haciendo inspecciones presenciales anuales hasta que se cumpla el plazo de los cuatro años. En los casos que se detecta que la empresa ha cerrado o despedido, se emiten certificaciones negativas, que se restan del siguiente grupo de certificaciones que se envían a Bruselas para su cobro.