Dos meses y un día después de que el rey proclamase que 'la justicia es igual para todos', Iñaki Urdangarin, que ya se encuentra en Palma junto a la infanta Cristina, se convertirá mañana en el primer imputado que llega en coche a los juzgados de la capital balear para declarar ante el juez que investiga los manejos económicos de su ONG, Instituto Nóos.

Tras semanas de polémica, la presión surtió ayer efecto. Poco antes de las seis y media de la tarde, el juez decano de Palma hacía pública su decisión oficial a través de un comunicado.

La nota dice lo siguiente: ' Valorados los requerimientos sobre seguridad planteados desde la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears en relación a la comparecencia judicial de Iñaki Urdangarin, el Decanato de Palma ha decidido con carácter excepcional y por estrictas razones de seguridad autorizar a dicha persona el acceso en vehículo a la sede judicial'. En otras palabras, el aristócrata será el primer imputado en librarse de cruzar el patio a cielo abierto que conduce a la puerta trasera de los juzgados y en el que sólo habrá redactores y cámaras. La llegada en coche, solicitada por la Policía desde hace semanas, le evita riesgos de 'seguridad' pero, sobre todo, recibir una lluvia de flashes y no precisamente por su asistencia a una regata benéfica.

El duque de Palma debe comparecer a las nueve de la mañana ante el juez José Castro como imputado en un caso donde se investigan los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, fraude y prevaricación. Se prevé que a la declaración del aristócrata asistan no menos de 60 abogados -los personados en el sumario troncal del caso Palma Arena y en las 26 piezas de él derivadas-.

La cifra es inédita en la historia judicial del archipiélago. Y se explica por la expectación creada en torno a la imputación del duque, el primer miembro de la familia real española investigado penalmente.

La adjudicación a dedo de convenios por 5,8 millones que la Generalitat valenciana y el Govern balear otorgaron a Instituto Nóos central las pesquisas. Una cantidad idéntica a la captada por lo que pretendía ser una asociación sin ánimo de lucro terminó en manos de cinco empresas controladas accionarialmente por el mismo tándem que dirigía Instituto Nóos: Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres. Al menos 470.000 euros acabaron en el extranjero. Exactamente, en cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice, donde la trama Nóos constituyó una sociedad cuyos tentáculos llegaban a Londres.

Los registros ordenados por el juez y las decenas de declaraciones prestadas por antiguos empleados y colaboradores de Instituto Nóos han puesto de relieve lo que parece un aguafuerte manchado por las sombras de la corrupción. Concursos amañados, facturas falsas, gastos de dinero público que jamás se jusltificaron y una continua obsesión por eludir el pago de tributos. Esos elementos componen el cuadro cuyo protagonista central, el yerno del rey, declarará mañana por primera vez.

Presumiblemente, la Fiscalía no pedirá ninguna fianza como garantía por sus eventuales responsabilidades económicas. Los trabajos para cifrar el dinero desviado en Valencia aún no han concluido, y todo indica que Anticorrupción prefiere esperar a que la cuantificación esté definitivamente cerrada. Tampoco se espera la imposición de medidas cautelares como fianza penal o retirada de pasaporte. Pero no cabe descartar que, en el último momento, el juez decida obligar al marido de Cristina de Borbón a comparecer periódicamente en la legación española en Washington, donde la pareja reside con sus hijos.