Valcárcel pone en pie de guerra a sus funcionarios

Miles de personas entre 4.000 y 7.000, según los sindicatos, y 4.500 según la policía local participaron este lunes en la concentración que tuvo lugar ante la sede del Gobierno regional de Murcia el palacio de San Esteban y en la posterior manifestación por la Gran Vía de la capital en protesta por las medidas de recorte a los empleados murcianos llevadas a cabo por el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel (PP).

La protesta, convocada por las centrales de la función pública CSIF, Sterm, ANPE, Satse, UGT y CCOO, arrancó a las 11 de la mañana en el palacio de San Esteban. En las pancartas se leía Valcárcel, usurero, ¿dónde está el dinero? o En defensa de la educación. Mientras, se repetían los gritos contra el presidente: "¡Valcárcel, dimisión, por chorizo y por ladrón!, ¡Menos corrupción y más educación! o ¡Valcárcel, cretino, baja el sueldo a tu sobrino!", en referencia al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz.

La tensión creció y se produjeron rifirrafes entre los manifestantes que querían entrar en la sede y los agentes que intentaban frenarlos. Esta vez, no se vio ninguna porra fuera de su funda, como ocurrió el pasado día 23 a las puertas de la Asamblea regional.

Dos horas después, la protesta se convirtió en una procesión por la Gran Vía hasta la vivienda de Valcárcel, donde se realizó una multitudinaria sentada. Se lanzaron huevos contra la fachada y petardos de gran potencia, se exigió manos en alto la dimisión del presidente y se cantaron consignas como En este piso está nuestro dinero o Queremos un pisito como el de Ramoncito.

El secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, y su homólogo de CCOO, Daniel Bueno, plantearon nuevas vías jurídicas para evitar la aplicación de la ley, esgrimieron la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad y anunciaron nuevas movilizaciones para mañana.

Jiménez explicó que la ley "perjudica a 55.000 familias; reduce injustamente salarios a los empleados públicos y amplía la jornada laboral". Jiménez adelantó que se expulsará a "entre 2.000 y 3.000 personas". El recorte de subvenciones obligará también a UGT y CCOO a reducir sus plantillas y eliminar cursos de formación.