Los sindicatos UGT y CCOO denunciaron ayer que la Generalitat Valenciana debe más de 75 millones de euros a las empresas que prestan servicios de atención a la dependencia. La Administración regional acumula entre seis y 13 meses de retraso en los pagos a estas entidades que, según los representantes sindicales, tienen cada vez más dificultades para pagar a sus trabajadores. Los empleados, en consecuencia, acumulan demoras en el cobro de sus nóminas de entre dos y cuatro meses.

Los servicios afectados son, sobre todo, residencias y centros de día para ancianos, centros de atención a discapacitados y el servicio de ayuda a domicilio. 'Esperamos que la Generalitat muestre sensibilidad hacia este asunto', afirmó María Victoria Gómez, portavoz de CCOO. 'Hablamos de personas que necesitan cuidado y no lo encuentran en ningún otro sitio, y también de aquellas personas que las cuidan', declaró.

Añadió que en momentos de crisis hay que priorizar los servicios sociales y dejar de lado 'actos y estructuras cuestionables socialmente', en un claro reproche al mantenimiento de algunos grandes eventos por parte de la Administración autonómica, mientras 'se usa como justificación el momento de quiebra económica' para aplazar los pagos en materia social.

UGT y CCOO anunciaron una concentración para hoy ante la Conselleria de Bienestar Social, cuyo titular es Jorge Cabré, y también ante la de Hacienda. Acusan al Gobierno valenciano (PP) de mantener una 'actitud irresponsable', con la que está poniendo en peligro 'más de 26.000 empleos' del sector, que atiende a más de 40.000 personas en situación de dependencia.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Bienestar Social reconocieron la existencia de una deuda con las empresas, pese a que señalaron que la cuantía es menor a la indicada por los sindicatos. Indicaron que desde la Generalitat se están haciendo 'grandes esfuerzos presupuestarios' para resolver los impagos. No obstante, desde la Conselleria apuntaron al Gobierno central como culpable de las demoras, por la 'infrafinanciación' a la que somete al País Valencià. Explicaron que la Ley de Dependencia obliga al Estado a aportar el 50% de los costes que se deriven de su aplicación, y que 'eso no se está cumpliendo', de forma que la Generalitat sólo recibe el 25% del dinero.